Una red que operaba en diferentes EPS del país, suministrando medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas y de alto costo, fue desmantelado en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación.
Según señaló la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, 'crear empresas de comercialización de medicamentos, ofrecer sus servicios a EPS, hospitales y clínicas, y quedarse con los contratos de suministro para pacientes con enfermedades catastróficas y de alto costo, era parte del esquema criminal detectado por la Fiscalía y que habría diseñado una organización dedicada a la adquisición ilícita y clandestina de complejos tratamientos farmacológicos'.
Esta red criminal inició su labor ilegal en Ibagué (Tolima), con la constitución de la Fundación Vida y Salud (Fundasalud IPS) y Fundasalud Gold, dos Institutos Prestadores de Salud que, en el papel, cumplían los requisitos de ley y vendían medicinas al Hospital Federico Lleras Acosta para atender personas con enfermedades como la hemofilia, cáncer, problemas renales y VIH/SIDA.
Sin embargo, reveló Riveros, la red criminal no conseguía la mercancía con los laboratorios científicos certificados, por el contrario, recurrió a distintas maniobras ilegales para abastecerse de medicinas, muchas de ellas habrían llegado vencidas, en precario estado de conservación y con múltiples alteraciones, aun así, fueron entregadas a los pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta.
'Con un andamiaje ilícito definido y con la conformación de otras empresas como Distrimedical S.A.S., farmacias y operadores logísticos, la organización estableció un monopolio criminal y acaparó los convenios con, por los menos, seis EPS de Tolima, y luego se extendió a Medellín y Puerto Berrío (Antioquia), Manizales, Florencia, Tunja y Cúcuta', informó la Vicefiscal.
De esta forma, la red delincuencial se encargaba exclusivamente del abastecimiento de medicamentos a pacientes de EPS y cubría la entrega de tratamientos de alto costo que, en atención a fallos de tutela, los centros asistenciales debían cumplir periódicamente.
Según Riveros, en el curso de proceso está documentado que algunos usuarios del sistema de salud no recibieron sus tratamientos y aun así aparecen sus firmas como si se los hubieran entregado.
