La decisión se produce el mismo día en que EL HERALDO publicó los cambios que tuvo el proceso de exploración y rescate, en favor del contratista, desde sus inicios en 2015 hasta la publicación de los pliegos de la APP en 2018.
La prórroga empezará a regir desde el domingo 10 de febrero, por lo que la decisión debería darse cerca del 10 de marzo.
En el documento, de cuatro páginas, se lee que 'la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Cultura conceptuó favorablemente sobre la viabilidad jurídica de prorrogar la suspensión provisional del referido proceso'.
Y explica que la decisión se produce debido a que 'en los procesos contractuales cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, previo a adoptar la decisión que de fondo corresponda, se podrán sanear los vicios que no constituyan causales de nulidad'.
El pasado 5 de octubre, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución 3539, en la que aplazaba el proceso de selección argumentando la necesidad de verificar la aplicación de los principios de planeación, selección objetiva y legalidad de la APP. Por ello, en este momento, el proceso de adjudicación está suspendido. Esta decisión se tomó luego de que el anterior gobierno hubiera reactivado el 2 de agosto el proceso de contratación, el cual también ya había sido suspendido como medida cautelar el 23 de junio ante una demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Cundinamarca.
La resolución de este viernes se expidió luego de que este medio revelara que las condiciones que inicialmente, en 2015, le imponía el Ministerio de Cultura a la empresa inglesa Maritime Archaelogy Consultants, MAC, para que pudieran ser ellos quienes exploraran y rescataran el Galeón San José, cambiaron del cielo a la tierra frente a las que estableció el mismo Gobierno en la licitación publicada en 2018.
EL HERALDO conoció una carta que el 10 de abril de 2015 le envió la ex ministra de Cultura, Mariana Garcés, a Roger Dooley, director de MAC, en la que le pone de presente cinco condiciones para adelantar la expedición -luego de que el 26 de enero de 2015 MAC presentara su propuesta de factibilidad-: 'este Ministerio estaría en disposición de autorizar la realización de la fase de exploración, sobre la base de la aceptación de los siguientes puntos'.
La remuneración quedó así: mientras lo encontrado en bienes no supere $455.739 millones, el operador recibirá el 45%; si está entre los $455.739 millones y $911.478 millones, el operador recibirá el 40% y cuando lo rescatado oscile entre $911.478 millones y $1.519 billones, la empresa se quedará con el 10%. Y si es mayor a la última cifra, la Nación se quedará con el 100% del resto.
En el tercer punto de la carta, se lee que la empresa 'debe garantizar la construcción del Museo para la exposición de los bienes que constituyen Patrimonio Cultural Sumergido, su operación y mantenimiento por un periodo mínimo de 20 años'. Sin embargo, en los pliegos esos 20 años de obligaciones para los ingleses quedaron reducidos a solo tres.
Y en el quinto punto les dice el Gobierno que 'para la realización del proyecto a la firma del contrato deberá realizarse una inversión mínima de cuarenta millones de dólares que deban ser depositados y administrados en una fiducia en Colombia'. En 2018, aunque los US$40 millones pasaron a US$70, se les levantó la obligación de la fiducia.
Finalmente, la exministra le reitera a Dooley que se trata de 'condiciones' para 'poder proceder a la expedición'.
'Si las condiciones anteriores son aceptables para ustedes, deben manifestarlo por escrito con el fin de poder proceder a la expedición de la resolución que autorizaría la exploración que se constituye en la factibilidad del proyecto', concluye Garcés.