Las condiciones que inicialmente, en 2015, le imponía el Ministerio de Cultura a la empresa inglesa Maritime Archaelogy Consultants, MAC, para que pudieran ser ellos quienes exploraran y rescataran el Galeón San José, cambiaron del cielo a la tierra frente a las que estableció el mismo Gobierno en la licitación publicada en 2018.
En una carta que el 10 de abril de 2015 le envió la exministra de Cultura, Mariana Garcés, a Roger Dooley, director de MAC, le pone de presente cinco condiciones para adelantar la expedición -luego de que el 26 de enero de 2015 MAC presentara su propuesta de factibilidad-: 'este Ministerio estaría en disposición de autorizar la realización de la fase de exploración, sobre la base de la aceptación de los siguientes puntos'.
El primero de ellos impone que 'la remuneración que se pactaría en el contrato para ustedes sería el 10% de los elementos que no constituyen patrimonio cultural', pero luego, en la resolución 1456 de 2015, el Ministerio sube la remuneración al '20% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio', y en la licitación, tres años después, figuran porcentajes de 45%, 40% y 10%, dependiendo del valor de los bienes declarados no patrimonio.
La remuneración quedó así: mientras lo encontrado en bienes no supere $455.739 millones, el operador recibirá el 45%; si está entre los $455.739 millones y $911.478 millones, el operador recibirá el 40% y cuando lo rescatado oscile entre $911.478 millones y $1.519 billones, la empresa se quedará con el 10%. Y si es mayor a la última cifra, la Nación se quedará con el 100% del resto.
En el tercer punto de la carta, se lee que la empresa 'debe garantizar la construcción del museo para la exposición de los bienes que constituyen Patrimonio Cultural Sumergido, su operación y mantenimiento por un periodo mínimo de 20 años'. Sin embargo, en los pliegos esos 20 años de obligaciones para los ingleses quedaron reducidos a solo tres.
Y en el quinto punto les dice el Gobierno que 'para la realización del proyecto a la firma del contrato deberá realizarse una inversión mínima de cuarenta millones de dólares que deban ser depositados y administrados en una fiducia en Colombia'. En 2018, aunque los US$40 millones pasaron a US$70, se les levantó la obligación de la fiducia.
Finalmente, la exministra le reitera a Dooley que se trata de 'condiciones' para 'poder proceder a la expedición'.
'Si las condiciones anteriores son aceptables para ustedes, deben manifestarlo por escrito con el fin de poder proceder a la expedición de la resolución que autorizaría la exploración que se constituye en la factibilidad del proyecto', concluye Garcés.
De otro lado, el barranquillero Danilo Devis, abogado de la compañía cazatesoros estadounidense Sea Search Armada, SSA -que en medio de un pleito con Colombia reclama haber descubierto las coordenadas del naufragio en 1982- asegura que Dooley le robó a SSA, cuando trabajaba allí de 2000 a 2003, las coordenadas en que se encontraba el Galeón y se las entregó al expresidente Juan Manuel Santos en 2014. Y agrega que Dooley esperó 10 años, mientras se aprobaba en 2013 la Ley de Patrimonio Sumergido, que permitió que al contratista del rescate se le remunerase con objetos del naufragio, para plantearle al Gobierno el rescate. Sin embargo, cinco años antes, en 2010, Dooley le ofrece a Jack Harbeston, representante legal de SSA, a cambio de hacer parte de la búsqueda del Galeón, sus contactos en Colombia con inversionistas, senadores y el Ministerio de Cultura, con quien confesó estar trabajando en la preparación del proyecto de ley que permitiese pagarle a la compañía con los tesoros.
