A 38 años y cuatro meses de prisión fue condenado al mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas por hacer parte de un pacto entre algunos militares y el entonces Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que certificaron bajas en combates que nunca existieron.
La determinación la tomó el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta), que encontró responsable a Lizarazo por los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público, tráfico y porte de armas de fuego, y fraude procesal.
Los hechos por los que fue condenado el exuniformado ocurrieron en enero de 2004. Según la Fiscalía, Diego Édison Hernández y otro hombre, aún sin identificar, fueron contactados por integrantes de las AUC en un establecimiento nocturno en Villavicencio, trasladados a Fuente de Oro (Meta) y abandonados en la vereda Puerto Palmira. 'Hasta ese punto llegaron tropas del batallón 21 Pantano de Vargas y dispararon contra las dos personas hasta ocasionarles la muerte, tras este hecho los uniformados ubicaron armamento largo al lado de los cuerpos sin vida'.
Según el expediente del ente acusador, las dos personas fueron reportadas como ‘bajas’ en combate y las armas que fueron puestas en la escena figuraban como elementos incautados. Para la Fiscalía, los uniformados que hicieron parte del crimen dijeron que las muertes se habían registrado en el marco de la campaña ‘Despegue’ que tenía como objetivo evitar extorsiones que generaba un grupo paramilitar en la región.
Tras esto, las investigaciones adelantadas 'pusieron al descubierto la existencia de una alianza criminal entre algunos oficiales adscritos a la mencionada unidad militar y cabecillas del denominado bloque centauros de las AUC'.
Según el reporte, estos hechos los cometieron con el fin de simular operaciones militares, obtener el reconocimiento de los comandantes y calmar las críticas de la población y de algunos sectores sociales que exigían resultados contra las estructuras paramilitares que delinquían en el Meta.
Además de la condena al mayor en retiro, el juez profirió pena de seis años de prisión contra el sargento Jader Alexander Gómez Ayala y los soldados Faiber Ceballos Gómez, Jesús Danilo Zapata y Johon Richard Cárdenas, por el delito de encubrimiento. Sobre ellos, libró las ordenes de captura así como contra Lizarazo Cárdenas.
Los militares condenados deberán indemnizar a los familiares de las víctimas con 200 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, que corresponde a algo más de 160 millones de pesos por concepto de perjuicios y daños morales.