De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2018, de Transparencia Internacional, Colombia regresa a los números rojos que tenía en esta materia
en 2012.
Es así como el país cae de 37 a 36 puntos en la escala de transparencia y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países.
'Con los resultados del 2018, el país termina cuatro años de estancamiento en un puntaje de 37 sobre 100, para caer a una calificación de 36 puntos. (…). La caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados en la lucha contra la corrupción', advirtió al respecto Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Advierte además el directivo que los esfuerzos para enfrentar esta problemática en los últimos años 'no han sido suficientes, y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared'.
La calificación del Índice, precisa la organización, se elaboró mediante datos de ocho fuentes distintas que consultan analistas, académicos e inversionistas extranjeros sobre qué tanto afecta la corrupción al sector público, con énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción judicial a casos de corrupción.
Por encima de Venezuela y Nicaragua. En un comparativo en América Latina, Colombia (36) se ubica por debajo de Uruguay (70), Chile (67), Cuba (47) y Argentina (40). Brasil y Perú tienen una calificación similar (35). Y algunos de los países que obtienen puntajes más bajos que Colombia son Ecuador (34), Nicaragua (25) y Venezuela (18).
En el continente la mejor puntuación la tienen Canadá (81) y Estados Unidos (71). Y en el mundo Dinamarca (88), Nueva Zelanda (87), Finlandia (85), Singapur (85), Suecia (85), Suiza (85) y Noruega (84).
Entre los países Ocde, subraya Transparencia, el puntaje de Colombia 'es aún más preocupante: el país ocupa el penúltimo lugar entre 36 países, superando únicamente a México (28)'.
Las propuestas. Como planteamientos concretos, Transparencia por Colombia propone tres frentes de trabajo: atención a prácticas de contratación pública, proteger a denunciantes de corrupción y recoger todo en una nueva estrategia anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, recuperar la legitimidad en el sistema judicial, prevención de conflictos de interés, fortalecer canales internos de denuncia e imparcialidad en quienes imparten justicia.
