Quien sea elegido este jueves como fiscal ad hoc, si así lo determinan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su sala extraordinaria, tendrá un volumen de trabajo nada envidiable. Los tres procesos que tendrá que revisar tienen personas en etapa de juicio, en indagación, condenadas y con compulsa de copias ante la Corte (por su condición de aforados). Las actuaciones procesales llenan cientos de teras de información y miles de folios impresos.
Quizás el más complejo sea la adjudicación de la concesión del tramo dos de la Ruta del sol 2. La concesionaria es la unión de la Constructora Norberto Odebrecht, que cuenta con el 25,1 % de participación; Episol, la filial de Corficolombiana, que tiene el 33 %; Odebrecht Latinvest, que certificó 3l %; y con un 4,9 % está CSS Constructores.
José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, está en etapa de juicio. Se esperaba que para la primera semana de diciembre se iniciaran las audiencias en su contra, pero las mismas fueron suspendidas por un enredo burocrático entre la Fiscalía y el Ministerio Público de Brasil.
Al estrado fueron convocados Luiz Bueno, Luis Mameri y Luis da Rocha, pero su testimonio solo será oído hasta el otro año, luego de que se resolvieron los trámites entre ambos países relacionados, principalmente, con el principio de oportunidad que se suscribió con los altos exdirectivos de la firma.
De esta línea de investigación el único condenado hasta ahora es el exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales. Cinco años de prisión fue la pena que le impuso el juez 31 de Conocimiento, exactamente hace un año: el 12 de diciembre de 2017. Ante el estrado se comprobó que el exfuncionario recibió una coima de 6,5 millones de dólares para que intercediera en la adjudicación del contrato.
Lo recibido por García Morales hace parte de los 11,1 millones de dólares que mencionó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la revelación que hizo el 21 de diciembre de 2016 y con la que se empezó a mover el escándalo en el país.
Los 4,6 millones de dólares restantes son de la adición del tramo Ocaña-Gamarra y de este expediente el primer capturado fue el exsenador Otto Nicolás Bula, en enero de 2017. En su momento, la Fiscalía dijo que por esta línea de investigación también fueron arrestados el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Juan Sebastián Correa Echeverri, y Gustavo Urrego Contreras y César Hernández.
Correa Echeverri ya fue condenado, mientras que los dos últimos están ante el estrado en etapa de juicio. El exsenador Bula, cuyo proceso está en etapa de acusación, fue contratado por la brasileña bajo la figura de honorario por resultado o cuota de éxito.
Las pesquisas por esta adición tienen bajo la lupa de la Fiscalía a nueve excongresistas y a uno que actualmente está en el Legislativo: Armando Benedetti. En etapa de indagación están el expresidente de Odebrecht Colombia, Eleuberto Martorelli; el exministro de Transporte, Miguel Esteban Peñaloza, y Harvey Carrascal, Alexandra Lozano y Víctor López Cuellar.
El tercer expediente
Lo hasta ahora descrito es la parte penal más fuerte de todo el entramado Odebrecht. Por eso una de las críticas que se le hizo a la terna es que su formación no estaba ligada al derecho penal.
La asesora jurídica de Presidencia, Clara María González, tiene experiencia en derecho electoral, administrativo y civil. El decano de la facultad de Derecho, Leonardo Espinosa, tiene amplios conocimientos en derecho administrativo. Y el recién nombrado Gilberto Orozco es especialista en derecho laboral.
Con esos nombres se iniciará la discusión por parte de los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que sesionará en una sede alterna que se instalará en el Club de abogados, en el norte de Bogotá, previendo alguna alteración del orden público por cuenta de las marchas.
El presidente del alto tribunal, magistrado José Luis Barceló, informó que hasta la fecha no se ha conocido de ninguna acción en contra de la terna elaborada recompuesta por el presidente Iván Duque.
El designado, sea elegido este jueves o no, también tendrá que hacerse cargo de la revisión del contrato de estabilización jurídica. Esta figura fue creada para que inversionistas nacionales y extranjeros consoliden inversiones seguras y estables en Colombia a través de diversos beneficios económicos.
En el caso de Odebrecht, esta herramienta tuvo dos momentos clave: el 6 de septiembre de 2011, cuando el Gobierno le dijo no a esa posibilidad, y el 31 de diciembre de 2012 cuando le dieron el aval a ese contrato. Para que se suscribiera ese contrato se habrían pagado coimas por hasta 4000 millones de pesos.
'Para el efecto habrían buscado los oficios del intermediario Federico Gaviria, quien a su vez habría contado con la participación del exsenador Otto Nicolás Bula Bula para que por medio de sus influencias lograra contactar a un congresista, para que intercediera ante los Ministerios competentes', señaló el ente acusador en octubre de 2017.
En indagación se encuentran Luiz Bueno Yunior, Yesid Arocha Alarcón, Luis Rico Pastrana, Javier Alberto Hernández, Hernando Mario Restrepo, el propio Federico Gaviria y el exsenador Bula.
Antonio Guerra de la Espriella, exsenador, también involucrado en este proceso, tiene su expediente en la Corte Suprema de Justicia. La única condena que se ha proferido recayó en Bernardo Miguel Elías.
Lo que hasta ahora se ha adelantado en casi dos años de pesquisas es lo que tendrá que revisar el ad hoc para continuar con el proceso. Se espera que lo haga en un espacio diferente al búnker y con personas que no estén vinculadas con el ente acusador, esto en aras de una la independencia que reclama el expediente.
