Labores investigativas llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación durante una segunda fase permitieron capturar a cinco personas, entre ellas un exfiscal y un abogado, señalados de supuestas actuaciones irregulares para favorecer procesados a cambio de altas sumas de dinero.
De acuerdo con el ente investigador, los capturados habrían establecido una alianza criminal en Meta para tramitar y otorgar libertades y otras concesiones judiciales a señalados delincuentes, que no cumplían con los requisitos de ley.
Los hechos se presentaron entre septiembre y noviembre de 2016. Con las actuaciones irregulares, según la Fiscalía, cuatro reincidentes capturados por hurto fueron favorecidos con libertad, y en otras dos obtuvieron detención domiciliaria para supuestos delincuentes.
Los capturados son un abogado, quien es señalado de ser el cabecilla del esquema judicial de corrupción; un exfiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Villavicencio, Meta; la compañera sentimental del exfiscal y presunta intermediaria de la red; la pareja del abogado y una mujer que habría pagado dinero para que un procesado por homicidio fuera cobijado con detención domiciliaria.
La Fiscalía los presentará en audiencia, en las que les imputará los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción y asesoramiento ilegal.
En la primera fase de la investigación fueron vinculadas 30 personas, entre ellas los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño; el Juez de Guamal (Meta), Luis Ever Salazar Sarria, así como los funcionarios Carlos Hernán Garzón, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Carlos Galarza, Carlos Hugo Alfonso y Aída Salgado León. Al igual que Néstor Gordillo, investigador del CTI; Germán Ruiz Beltrán, funcionario del Instituto Colombiano de Medicina Legal, y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio (Meta).
La Fiscalía General de la Nación informó que a la fecha tiene en proceso de investigación por corrupción en la administración de Justicia a 205 personas, de ellos 173 funcionarios y 32 exfuncionarios. Del total de los investigados 107 son de la Fiscalía.
