El director del Consejo Superior del Transporte, Camilo García, indicó que es necesario que el Gobierno Nacional emita una circular aclaratoria, ante una contradicción que se generó entre Migración Colombia y la Superintendencia de Puertos y Transporte por las medidas de control a migrantes, las cuales se contradicen en cuanto a la obligatoriedad o no de exigir la documentación a los extranjeros que ingresan al país y que hacen uso del transporte público.
'Hemos hecho un llamado a Migración Colombia para que instale oficinas de control en todas las terminales de transporte del país. Apoyaremos este tipo de acciones de control y dispondremos lo necesario para que se realicen acciones que eviten el tránsito de migrantes indocumentados, pero las empresas de transporte público no podrán ser sancionadas por no pedir la documentación a los extranjeros', señaló García.
La polémica se ha generado porque los empresarios del transporte público no son autoridad para exigir la documentación a los pasajeros extranjeros que utilizan el servicio de transporte, por lo cual no podrían ser sancionados.
Según la Circular 45 del 17 de septiembre de 2018 de la Superintendencia, las empresas que prestan servicio de pasajeros no están obligadas a pedir documentos a extranjeros, por lo que esta competencia es de las autoridades de migración.
Sin embargo, el 16 de mayo de 2018 Migración Colombia había expedido una resolución que establece un marco sancionatorio para que todas las personas naturales o jurídicas, y en las que incluye que las empresas de transporte que no cumplan con el registro de documento, puedan tener sanciones por esta entidad.
El dirigente gremial aseguró que es necesario dar claridad a una situación que cada día es más compleja, ya que los empresarios no tienen las competencias jurídicas para exigir documentación a los pasajeros extranjeros y deberán ser las autoridades legales quienes realicen los operativos necesarios.
Según cifras de las empresas de transporte, a nivel nacional puede existir alrededor de un flujo diario de 5000 a 6000 personas en tránsito desde la frontera hacia los distintos lugares del país, especialmente Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Bogotá y distintos municipios pequeños.
El gremio solicitó a la Vicepresidenta, Marta Lucia Ramírez, como coordinadora interinstitucional del transporte, expedir una resolución en la que se aclare sobre el marco jurídico aplicable para esta situación.
