El general Ómar Rubiano, en cabeza de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía, junto con el cuerpo Élite de investigación de la Institución, se trasladó ayer hasta El Tarra (Norte de Santander), donde ocurrió la masacre de nueve personas.
De acuerdo con el reporte, los uniformados llegan al lugar para apropiarse de las investigaciones y determinar la causa de los hechos.
Informaciones preliminares de las autoridades confirmaron que un grupo de hombres armados llegaron hasta un establecimiento público en el sector Villa Esperanza del barrio Primero de Enero de dicho municipio y dispararon de manera indiscriminada. El acto criminal inicialmente dejó un saldo de ocho personas muertas y tres más heridas, cifra que cambió en la mañana de este martes tras conocerse la muerte de una de las personas que resultó gravemente herida.
Por estos hechos el director de la Policía, general Jorge Nieto, en la mañana de este martes anunció que desde la institución se ofrecieron hasta $100 millones a quien brinde información sobre el paradero de las personas responsables de la masacre.
'Es un hecho lamentable que rechazamos totalmente y en este sentido desde ayer se desplazó una comisión de la región y junto con las Fuerzas Militares se está llevando todo el procedimiento del caso. Por parte de la Policía Nacional hemos definido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por la información', dijo el oficial.
Fiscalía presente
Por su parte, desde la Fiscalía General también enviaron una comisión especializada para determinar las causas de los hechos y hallar a los responsables.
Entre los fallecidos está Federman Quintero, líder campesino de El Tarra, uno de los once municipios que conforman la región cocalera del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
'Dos de los muertos y uno de los heridos hacen parte del proceso de paz' que condujo al desarme de la otrora guerrilla Farc, precisaron autoridades militares y civiles en un comunicado conjunto difundido ayer.
Desde que las Farc pasaron a ser un partido político tras firmar la paz a finales de 2016, se han disparado la violencia y las amenazas en zonas estratégicas que antes estaban bajo control de los rebeldes y que son claves para el narcotráfico y la minería ilegal.
En este tiempo la misión de la ONU en Colombia ha documentado 51 casos de exguerrilleros asesinados y cinco más desaparecidos a la fuerza, mientras la Defensoría del Pueblo ha denunciado la muerte de 326 activistas de derechos humanos, de causas afro, indígenas y campesinas.
En una entrevista con la AFP este lunes, el mandatario saliente Juan Manuel Santos mencionó que detrás de esta ola de crímenes están narcotraficantes que se oponen a la sustitución voluntaria de narcocultivos y personas que quieren impedir la devolución de tierras a campesinos despojados mediante la violencia.
