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El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, radicó este lunes un proyecto de ley en el Congreso de la República con el que se busca penalizar a las personas que induzcan a los menores de edad al consumo de estupefacientes.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, la propuesta contiene puntos específicos con los que se busca fomentar espacios del mejoramiento de la justicia, como las medidas contra el tráfico de drogas y el narcomenudeo; el control de la reincidencia criminal y el seguimiento a las sanciones penales; las medidas contra la ciberdelincuencia y la criminalidad realizada a través de medios informáticos y las medidas para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.

Medidas contra el tráfico de drogas

El fiscal busca que con este proyecto se adicionen tres parágrafos más al artículo 376 del Código Penal. El primero consiste en que se debe regular la denominada ‘dosis de aprovisionamiento’. El segundo, pretende implementar un mecanismo para judicializar a las personas que tengan en su poder ‘nuevas drogas’, y el tercero contempla que en caso de que una persona tenga consigo más cantidad de la ‘dosis de aprovisionamiento’ se entenderá que éste es un comercializador de estupefacientes.

Otro de los objetivos que comprende la propuesta es adicionar dos incisos al artículo 381, que consisten en penalizar a las personas que bajo engaños suministren droga a los menores de edad.

'El que suministre, administre o facilite sustancia estupefaciente sicotrópica o droga de circulación restringida a menores de edad, a través de productos engañosos, será castigado con pena de prisión de 10 a 20 años', se lee en el documento.

El segundo inciso señala, que la pena aumentará en caso de que el ofrecimiento se haga a un menor de 12 años.

La propuesta también compromete a los dueños de establecimientos comerciales que se dediquen a la venta de estupefaciente. Según el documento de incurrir en esta falta tendrán de cuatro a ocho años de prisión y el pago de 10 salarios mínimos legales vigentes. 

Del mismo modo, el fiscal solicitó que se registren nuevos agravantes para los delitos de tráfico de estupefacientes y otros actos derivados de la misma conducta. En ese sentido, Martínez señaló que habrá agravante y por lo tanto un aumento en la mitad de la pena a personas que se valgan de menores de edad o personas en condición de discapacidad para cometer este delito. 

Asímismo, también tendrán responsabilidad las personas que 'modifiquen la estructura de vehículos y naves con el propósito de ocultar o disimular los controles de las autoridades'.

Por último, el fiscal consideró que a las personas que les sean incautadas cantidades de marihuana y cocaína de dos, cinco, 100 y 1.000 kilogramos también se les deberá agregar este agravante