Con la sanción presidencial de la Ley de Sometimiento para Organizaciones Criminales, o la Ley de las Bacrim, entró en vigencia también este lunes un nuevo delito que dará de siete a diez años de cárcel para quienes amenacen a defensores de Derechos Humanos, funcionarios públicos, dirigentes políticos y líderes sindicales, o a sus familias.
La Fiscalía explicó al respecto que se trata de una nueva norma en materia de protección a líderes sociales, quienes han venido siendo asesinados en el país cada vez en mayor medida desde la firma del Acuerdo de Paz: 311 desde 2016 según la Defensoría del Pueblo; 178 según la ONU y la Fiscalía.
'Se crea un tipo autónomo de amenazas contra defensores de Derechos Humanos, servidores públicos, dirigentes políticos y sindicales. Eliminando el factos subjetivo de la zozobra. La pena se aumenta a prisión de 7 a 10 años y 8 meses', indicó al respecto de la nueva disposición el ente acusador.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos declaró que la norma promulgada 'va a ser un paso muy muy importante para la seguridad de los colombianos' y 'va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días'.
Precisó que 'su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: Fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectiva, más contundente la delincuencia organizada' y en segundo lugar, 'fija un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia'.
No obstante, el presidente Santos subrayó que la lucha contra las organizaciones criminales continuará. 'Y esto que quede muy claro: no implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional, de ninguna forma', dijo.
Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez declaró que 'es muy importante que el Consejo de Seguridad Nacional defina cuales son los grupos armados organizados' para que las herramientas de esta ley empiecen a aplicarse.
'Estamos hablado cerca de 5 mil, 6 mil hombres en armas y los más importante a juicio de la Fiscalía son los nuevos instrumentos de judicialización que no tenía el Estado, como por ejemplo, en el caso de concierto para delinquir, aumentar las penas de 8 años a 18 años', declaró el Fiscal.
