Las familias de Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60), del equipo de prensa del Ecuador quienes fueron secuestrados y asesinados por disidentes de las Farc al mando de alias Guacho, aseguraron este lunes que el compromiso del gobierno de Colombia es mantenerlos al tanto de las investigaciones para esclarecer este crimen sin antecedentes en su país.
'Ratificamos el compromiso que ha hecho la fiscalía del Estado colombiano en cuanto a que tengamos directo acceso al expediente, a la información, a todas las investigaciones realizadas', expresó Xavier Andrade, representante de los ecuatorianos, en un mensaje a los medios luego de que el gobierno de Colombia confirmara que los cuerpos hallados en Tumaco la semana pasada correspondían a los del equipo periodístico del Ecuador.
Los dos gobiernos han recibido duras críticas por la información contradictoria que ofrecieron del caso.
Desde un comienzo el secuestro y asesinato de los ecuatorianos estuvo rodeado de controversia.
Incluso el sábado, mientras avanzaban las pesquisas forenses, el gobierno ecuatoriano envió una carta de protesta a Colombia por el manejo 'precipitado' e 'insensible' de la información relacionada con los cuerpos.
El enojo del gobierno de Lenín Moreno se originó en un tuit del ministerio colombiano de Defensa difundido el viernes, en el que aseguró que ya había un '99%' de certeza de que los cadáveres correspondían a los del equipo de reporteros.
El ministerio lanzó la afirmación apoyado en el análisis de las cartas dentales.
Sin embargo, autoridades forenses desmintieron esa versión, tras lo cual las familias de los ecuatorianos expresaron un enérgico rechazo.
Ya 'son 88 días de tortura psicológica y emocional, de un trato irrespetuoso e indigno a estas familias', lamentó entonces Yadira Aguagallo, pareja de Rivas.
El gobierno de Santos negó durante varias semanas que el crimen se hubiera perpetrado en su territorio, para luego terminar aceptándolo.
A raíz de este caso, Colombia y Ecuador lanzaron una feroz cacería contra Guacho en ambos lados de la frontera.
De origen ecuatoriano, este exguerrillero es acusado por el ejército colombiano de operar como brazo armado del cartel mexicano de Sinaloa y de tener también secuestrados a los ecuatorianos Óscar Villacís (24) y su compañera Katty Velasco (20).
Sin un mando unificado, los rebeldes disidentes operan en apartados puntos de Colombia donde disputan las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal. Estos grupos estarían conformados por unos 1.200 combatientes.
