Compartir:

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó a la Superintendencia de Salud la intervención de la EPS Medimás, debido a las irregularidades financieras, administrativas y en la prestación del servicio que no han podido ser corregidas luego de un año de operación. 

El Ministerio Público aseguró que si la Supersalud sigue su recomendación establecerá un equipo especial de seguimiento a dicha intervención, la cual será prioritaria en un término de seis meses. 

Debido a estas irregularidades, los usuarios de la EPS se han visto obligados a presentar 2900 tutelas y más de 50.000 derechos de petición en busca de una prestación efectiva de los servicios. 

La Procuraduría advirtió que los actuales dueños de Medimás han incumplido con el pago de tres cuotas correspondientes a la compra de la EPS, correspondientes a unos 24.000 millones de pesos. 

El Ministerio Público también evidenció que la EPS tuvo gastos de administración por 195.000 millones de pesos, lo que supera el tope máximo establecido por la ley, lo que significaría una desviación de los recursos destinados a la salud. 

Entre tanto, la Procuraduría encontró que hay irregularidades en los pagos a la red de prestación de servicios, el 41 % de estas obligaciones se ha concentrado en ocho IPS de 1145 que hacen parte de la red. 

Por su parte, el contralor General de la República, Edgardo Maya, afirmó que una auditoria a la EPS determinó que se giraron más de 718.623 millones de pesos de recursos destinados a la prestación del servicio de salud de sus afiliados, a favor de diferentes proveedores médicos, sin la existencia de los soportes legales y sin las garantías necesarias. De todo este dinero más de 39 %, unos 280.000 millones de pesos, tiene vencimientos por más de 90 días, mientras que otros 261.000 millones, presenta vencimientos de más de 60 días. 

La Contraloría encontró irregularidades en pagos a empresas garantes, asociadas y/o relacionadas con el grupo Saludcoop y con la EPS Saludcoop, en cuantía superior al 37 % de los recursos girados, lo que contraviene la prohibición de integración vertical y constituiría una práctica restrictiva de la competencia, al evidenciarse la existencia de un posible grupo empresarial no declarado. 

Por esta razón la Contraloría llamó la atención a la anterior EPS Cafesalud, por no transferir a favor de Medimás los recursos que por concepto de Reserva Técnica se requerían para la atención de los afiliados trasladados, el pago de incapacidades de usuarios de Cafesalud y pagos por sustitución patronal. 

En lo que tiene que ver con los aspectos contractuales, la Contraloría evidenció la ausencia de pólizas contractuales, la entrega tardía de las mismas por parte de los contratistas, así como la falta de supervisión a la ejecución de los contratos. 

Otro aspecto que el ente de control ve con preocupación es que Medimás desde su entrada en operación no contaba con una red formalizada de proveedores para la prestación de los servicios de salud, tal como se requería con la normatividad vigente. 

En cuanto a proveedores, la Contraloría encontró inconsistencias en las relaciones comerciales de la EPS con las empresas que habían sido proveedores de tecnología en donde no se encontraron contratos de convenios, sino cartas de intención mediante las cuales se establecen tarifas. También se evidenciaron diferencias entre las actividades desarrolladas y las tarifas cobradas en las facturas presentadas y pagadas por la EPS. 

Medimás tampoco ha pagado facturas correspondientes a las fechas anteriores a su entrada en operación y se encontraron inconsistencias en los informes de supervisión, así como las facturas reportadas no corresponden a la totalidad de los pagos efectuados.