El abogado Jaime Granados, quien funge como defensa de la familia Zapa Pérez, mostró su preocupación frente al proceso judicial que se lleva por el homicidio del exjefe de regalías de Córdoba Jairo Zapa Pérez.
'Vemos que en este caso hay unas personas detenidas y que el avance de la justicia ha sido muy lento. Tenemos conocimiento que hay intentos de colaboración con la justicia, que hasta el momento no han fructificado. Nos preocupa que de seguir esta situación se puedan decretar las excarcelaciones de las personas procesadas, lo que sería más grave es que todo esto haga tránsito a la impunidad de un grave crimen como este', dijo el penalista.
El abogado solicitó a la Fiscalía General de la Nación celeridad en el proceso y de esta manera se evite dilaciones de las partes que hoy tienen vínculo con el proceso judicial. Lo que alertó a Granados es que actualmente la audiencia preparatoria se encuentra suspendida, debido a que la Fiscalía apeló la decisión del despacho en torno a la exclusión y rechazo de varios de los elementos materiales probatorios que el ente acusador pretendía hacer valer en el juicio oral.
En ese sentido, el penalista señaló que 'en total se le rechazaron e inadmitieron 40 testigos al ente acusador, además de que se cayó toda la evidencia digital con la que contaba. En este momento la apelación se encuentra en estudio de una sala de conjueces, debido a que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería están impedidos para conocer este caso'.
El proceso judicial de Zapa Pérez inició una vez se conoció de su muerte el 27 de marzo de 2017 y hasta el momento las autoridades no han logrado esclarecer las causas de su fallecimiento, por lo que el ente acusador aseguró que desde el 2 de febrero se adelantan conversaciones con Jesús Henao Sarmiento, quien se presume entregará detalles de lo ocurrido.
Sobre la muerte del exdirector de regalías se ha tejido un sinnúmero de hipótesis, la primera de ellas vinculaba al exgobernardor de Córdoba Alejandro Lyons, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 6 de abril por casos de corrupción en el departamento.
Por otro lado, según las investigaciones del ente acusador, Henao Sarmiento, quien fue contratista de la Gobernación y estuvo preso por haber ordenado a Joycer Hernández, el confeso homicida de ultimar a Zapa, le aseguró a la Fiscalía que Lyons no estuvo detrás de dicho asesinato.
A Henao Sarmiento se le recuerda por haber estado tras varias contrataciones en la gobernación dirigida por Lyons. Las investigaciones arrojaron que el exgobernador habría recibido dineros de manera fraudulenta por parte de Henao Sarmiento, producto de los actos de corrupción perpetrados en el departamento.
