La Fiscalía General de la Nación anunció que en el marco de las investigaciones que adelantan por irregularidades en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en el país, el ente acusador adelanta imputaciones y procesos judiciales contra exalcaldes y funcionarios de varios municipios.
De acuerdo con José Alberto Salas, director Especializado contra la Corrupción, 'la Fiscalía lleva investigaciones que involucran a 93 municipios de 10 departamentos (Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Santander, Meta, Magdalena, Quindío y Valle del Cauca). En los próximos días, la Fiscalía realizará diversas actuaciones como imputaciones y judicialización de contratistas, funcionarios y exfuncionarios'.
Según Salas en Cáceres (Antioquia) la Fiscalía determinó que 'mediante el acuerdo número 002 del 7 de marzo de 2013, autorizó a Ubaldo Enrique Pacheco Julio, entonces alcalde del municipio (2012 – 2015), para gestionar un préstamo por 1600 millones de pesos con el objeto de adquirir lotes para la construcción de vivienda de interés social'.
Tras conseguir el crédito de una entidad bancaria, el 16 de septiembre del 2013, el exmandatario suscribió un contrato de prestación de servicios con Luis Alberto Mora Rendón, quien en condición de perito establecería el valor comercial de los terrenos.
En este caso se señala que la administración de Cáceres habría comprado los terrenos por un valor superior al fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En ese sentido, el ente acusador pudo establecer que los precios habrían sido 'inflados' y con ello generaron un detrimento patrimonial al municipio que superaría los 845’093.080, dinero que presuntamente quedó en manos del exalcalde y el perito contratado.
Según el ente acusador 'la alcaldía de Cáceres supuestamente pagó 716’845.672 de pesos por un lote ubicado en el corregimiento El jardín, cuyo avalúo real alcanzaba un poco más de los 520 millones de pesos'.
Por estos hechos, la Fiscalía vinculó al proceso judicial a Pacheco Julio y a Mora Rendón, quien fue capturado el pasado 29 de abril. Los procesados deberán responde por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Otro caso que reportó Salas se registró en Popayán (Cauca), en este caso anunció que se investiga la presunta construcción ilegal en las laderas del humedal Villa Olímpica, en Popayán, humedal que según el ente acusador está protegido por medidas cautelares ordenadas por el Consejo de Estado.
Lo que indican las investigaciones es que el propietario del terreno 'desobedeció' las órdenes judiciales y dio inicio a un proyecto urbanístico en esa zona del país.
Por estos hechos fue llamado ante las autoridades Norvey Martín Muñoz Orozco a quien la Fiscalía le imputará el delito de fraude procesal.
Un tercer caso evidenciado por el ente acusador tuvo lugar en el municipio de Cajicá (Cundinamarca). En este hecho la Fiscalía detectó licencias de construcción que habrían sido expedidas en la vereda Chuntame en ese municipio, sin tener en cuenta restricciones incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio durante el año 2015.
Por estos hechos, fueron llamados a imputación de cargos a Leonardo Higuera Espinosa, exsecretario de planeación de Cajicá; y Adriana Constanza Ronderos Ronderos, arquitecta, quienes deberán responder por el delito de prevaricato por acción.
Por último, en el mismo departamento pero en el municipio de Apulo, las autoridades hallaron irregularidades, en la concesión de licencia de urbanismo en la modalidad de centro vacacional, para que fuera construido un condominio de casas campestres.
'Dicho acto administrativo que daba aval a las obras fue expedido por el ingeniero Joan Manuel Guevara Uriza, en calidad de secretario de Desarrollo Sostenible Apulo (Cundinamarca); y al parecer, contrariaba el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y el Decreto 097 de 2006', aseguró Salas.
Por este caso fueron llamados ante los estrados judiciales a Joan Manuel Guevara Uriza, exsecretario de Desarrollo Sostenible de Apulo (Cundinamarca); y José Álvaro Rozo Castellanos, representante legal de la Comercializadora Agropecuaria Guzerat S.A y deberán responder por el delito de prevaricato por acción.
