El fiscal 3 delegado ante la Corte Suprema, Jaime Camacho, le imputó ayer al exfiscal Luis Gustavo Moreno 11 casos del ‘Cartel de la Toga’ perpetrados cuando este fungía como litigante, de cara al principio de oportunidad que negocia con el ente acusador.
Ante la jueza 21 de control de garantías de Bogotá, el investigador del caso le imputó al jurista barranquillero los delitos de concierto para delinquir, cohecho para dar u ofrecer y utilización indebida de información privilegiada, por casos de compra y venta de decisiones judiciales ocurridos entre 2012 y 2016, antes de ser nombrado fiscal anticorrupción y mientras se desempeñaba como abogado defensor.
'Hubo un concierto para delinquir entre los magistrados de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, quienes tenían una organización criminal dentro del alto tribunal. Ricaurte y Bustos tenían los contactos y conseguían los clientes' del ‘Cartel de la toga’, puso de presente Camacho.
Los casos
El primer caso fue el del congresista Álvaro Ashton, en su proceso por parapolítica, en el que el defensor era el cordobés Luis Ignacio Lyons –con quien trabajaba Moreno– y el ponente era el cartagenero Malo: 'Usted, Luis Moreno, recibió instrucciones de Ricaurte y $600 millones. Con ello, se desapareció evidencia de Ashton y se lograron decisiones del magistrado Malo'.
El segundo, el del congresista Musa Besaile, 'acordaron el pago de $2.000 millones para evitar una orden de captura. En el acuerdo intervino el abogado Luis Ignacio Lyons. Usted entregó $900 millones a Ricaurte y usted, Luis Moreno, se quedó con $100 millones'.
En el caso del excongresista, Julio Manzur, el tercero, 'este recibió de usted información privilegiada sobre la inminente captura por parapolítica y pidió $2.000 millones, que este se negó a pagar'.
Para el cuarto caso, el del congresista Milton Córdoba, 'se acordó una suma de $800 millones. Ricaurte se comunica con Malo y obtiene información del proceso'.
El quinto, el caso de la excongresista Argenis Velásquez: 'El titular era Malo, la suma pactada fue de $380 millones, de esto el 50% le fue entregado a Ricaurte'.
El caso sexto, el del congresista sanandresano Julio Gallardo, por peculado: 'Cursaba en el despacho de Bustos, en 2015, y se acordó un pago de $300 millones'.
En el séptimo, el caso del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía: 'El exfiscal 9 delegado ante la Corte, Alfredo Betín, lo investigaba. Los cartageneros Ricaurte y Betín acordaron orientar las investigaciones a archivarlas, que algunas se alcanzaron, y evitar imputaciones. A Betín le ofrecieron mantenerlo en el cargo. En 2016, Betín le informa a Ricaurte que se veía obligado a imputar a Abadía dadas las pruebas del caso'.
Para el octavo, el caso del excongresista cesarense Lucas Gnecco, por contratos sin cumplimiento de requisitos: 'Cursaba en el despacho de Malo y se entregaron $150 millones. El magistrado Malo decretó pruebas no solicitadas y aceptó dilaciones'.
En el noveno caso, el del desaparecido excongresista Óscar Arboleda, por concierto para delinquir: 'El magistrado era Malo. Ricaurte habla con Malo y la organización logró que el magistrado dilatara la sentencia. Ricaurte recibiría apoyo a una precandidatura presidencial por el Partido Conservador por este caso'.
Y los casos décimo y décimo primero fueron los de Alberto Velásquez y el exalcalde de Villavicencio, Franklin Chaparro.
