El Juez 46 con funciones de conocimiento negó el principio de oportunidad que buscaba el exfiscal de anticorrupción Luis Gustavo Moreno con la Fiscalía General de la Nación.
El juez basó su determinación en que la Fiscalía no fue clara a la hora de presentar el principio de oportunidad pese a que Moreno está recluido por presuntos actos de corrupción.
'Es claro que el procesado se encuentra privado de la la libertad, pues así lo hace saber la Fiscalía en el momento que declara el formato de solicitud de audiencia, pero en el presente no se ha notificado si la captura se hace por los delitos que buscan en el principio de oportunidad o si fue por los delitos cometidos en el exterior, lo cierto es que no hay soporte en la captura y en el cual se quiere presentar el principio de oportunidad', dijo el juez.
Del mismo modo, hizo un fuerte señalamiento contra el ente acusador pues a juicio del juez, 'la Fiscalía ha sido apresurada en presentar ante los jueces de control de garantías la aplicación del principio de oportunidad'.
El principio
El pasado 16 de enero Jaime Camacho, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, expuso material probatorio para sustentar el principio de oportunidad y en la misma recordó cuatro casos puntuales de funcionarios en los que Moreno ha prendido el ventilador.
Se trata de los congresistas Musa Besaile, a quien le solicitaron 2000 millones de pesos; Álvaro Ashtom, a quien se le exigieron 1200 millones, a Julio Manzur le pidieron 2000 millones de pesos, y al exgobernador Juan Carlos Abadía quien es investigado en la Fiscalía, donde se logró el archivo de dos investigaciones.
Con esta acusación el fiscal aseguró que Moreno habría faltado a la ley en cuatro delitos 'podría deducirse que el señor Luis Gustavo Moreno es responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y uso indebido de información privilegiada'.
Indicó también que en razón a la solicitud que se adelanta ante dicha diligencia Moreno estará bajo supervisión de las autoridades en cuanto a la información que suministre y de esta manera verificar si el material entregado a los entes investigativos y de control corresponden a lo establecido en el acuerdo con la Fiscalía.
'(...) a medida que se presenten progresos en la colaboración serán verificados (los delitos) y de ser necesario se modificarán las condiciones impuestas', dijo el penalista.
El fiscal aseguró además que con dicha colaboración se espera que 'el ciudadano cumpla con las obligaciones que su señoría imponga, observar buena conducta individual, cooperar activamente para la desarticulación de bandas criminales y la manifestación expresa de no servir en actos criminales y servir como testigo a los procesos en los cuales se ha citado'.
