La Procuraduría General de la Nación interpuso ante el Tribunal Administrativo de Santander una acción de reparación de grupo solicitando que Ecopetrol responda por los daños y perjuicios causados por el afloramiento de hidrocarburos y gases del pozo Lizama 158, en zona rural de Barrancabermeja.
'La altísima emanación de hidrocarburos y gases del pozo 158, del campo Lizama, operado por Ecopetrol S.A causó la gravísima lesión a intereses legítimos, patrimoniales y extrapatrimoniales; incluso irreversibles, susceptibles de ser indemnizados y reparados judicialmente', manifestó la Procuraduría.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la estatal petrolera para que repare a los ciudadanos, residentes y trabajadores en las áreas de influencia del pozo La Lisama que se han visto afectados con la emergencia.
La indemnización también deberá cubrir a los habitantes de las inmediaciones de las quebradas Lizama y Caño Muerto, y el río Sogamoso, ubicados en jurisdicción rural de los municipios de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Puerto Wilches (Santander) hasta donde llegó parte del hidrocarburo.
El ente de control también señaló que Ecopetrol posiblemente ocultó información relevante para evitar el derrame de crudo y subdimensionó la magnitud real del desastre.
'Se trata de una afectación colectiva tanto a los ecosistemas, como a las personas, que condujo a la afectación de una gran variedad de elementos necesarios para la producción de alimentos, fundamentales para la población de esa región del país, haciéndose intuitiva la necesidad que se imponga una reparación incluso mayor, pues razonablemente se prevé que a futuro aumenten los daños', indicó.
De acuerdo con el Ministerio Público, una de las características de los daños ambientales, es que tienen una alta probabilidad de aparición de nuevos efectos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente tras varios periodos de tiempo.
