El presidente Juan Manuel Santos suspendió el pasado 15 de marzo la extradición del ex gerente de Inassa Diego Fernando García Arias, por su colaboración en el caso Triple A, que desde el martes pasado tiene tras las rejas al ex gerente de Triple A Ramón Navarro y llamados a indagatoria a 11 directivos colombianos y españoles del conglomerado.
El jefe de Estado fue informado de que García estaba ‘cantando’ en la Fiscalía y salpicando a las cabezas de las empresas relacionadas con el escándalo del caso Lezo.
'García ha aportado al procedimiento elementos esclarecedores para la investigación en curso, denotando una clara actitud del investigado para cooperar con el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, el propio señor expresó su deseo de reparar el daño causado mediante la restitución de los capitales ilícitamente apropiados en la compra de la sociedad brasileña Emissao', le dijo España a Colombia en cartas citadas por El Tiempo.
En contraprestación, la Fiscalía canceló la orden de captura contra García el pasado 9 de noviembre y dispuso su libertad.
El exgerente de Inassa fue capturado el pasado 24 de agosto y permaneció casi cuatro meses recluido en el patio de extraditables de la cárcel La Picota de la capital, en espera de que se surtieran los trámites para su extradición a España.
García había sido detenido por agentes de Migración Colombia en asocio con la autoridad homóloga mexicana –pues venía procedente de este país– debido a que tenía circular roja de Interpol luego de que el juez español Manuel García-Castellón reiterara la solicitud de extradición que había hecho su antecesor, Eloy Velasco, ante la imputación del detenido por el caso Lezo.
El exgerente de Inassa –filial del Canal de Isabel II–, quien hacía parte de las juntas directivas de Inassa, Triple A, Metroagua y ASAA, es considerado como el hombre que aparentemente se llevaba el dinero de la caja de la compañía para pagar a políticos suramericanos, en medio de la red de corrupción y sobornos que sería comandada por el expresidente madrileño Ignacio González.
El martes pasado, el fiscal delegado para la Criminalidad Organizada, Álvaro Osorio, reportó la captura de Navarro Pereira, por la presunta apropiación de más de $27.879 millones y señalado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.
Según el ente acusador, durante 2012 y 2015, Navarro, junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de $27.879 millones, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA.
También es señalada de los mismos cargos Julia Margarita Serrano Monsalve, ex gerente financiera de la empresa de servicios públicos Triple A.
Y hay 11 personas que rendirán indagatoria el próximo 4 de abril en Bogotá, por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares: los ex gerentes de Triple A Francisco Olmos Fernández, Luis Fernando Arboleda y Carlos Ariza; el gerente actual, Ramón Hemer; los ex directivos de Inassa Luis Nicolella, Francisco Malia, Edmundo Rodríguez, y los directivos actuales Alberto Muguiro, presidente de Inassa; Germán Sarabia, suplente de presidencia de Inassa, y Carlos Roca, gerente Inassa.
