La Contraloría General de la República reveló que entre junio y septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), pagó 2152 millones de pesos por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de las libertad, lo que podría llegar a configurarse en un daño patrimonial público, por un servicio que no se está recibiendo.
Según reveló la entidad, la situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, donde se modificaron las condiciones en la prestación del servicio y la forma de pago.
'De acuerdo con el concepto de la Contraloría en su último informe de auditoría de cumplimiento, estas nuevas condiciones atentan contra los intereses patrimoniales del Estado', manifestó la entidad a través de un comunicado a la opinión pública.
Esto originó que se pasara de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en el cuerpo del beneficiario a tener que cancelar a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si se encuentran o no instalados en las personas, tarea que está a cargo del Inpec y la empresa contratista.
