El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, viajó a Madrid, España, para retomar las investigaciones sobre los actos de corrupción que se señalan fueron perpetrados en la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, cuyo socio mayoritario es la compañía española Inassa, con el 86% de las acciones.
La firma ha estado en medio de una tormenta política y judicial desde que se anunció en abril del año pasado las investigaciones al respecto en la denominada ‘Operación Lezo’ y fuera capturado Ignacio González, presidente de 2012 a 2015 de la comunidad madrileña Canal Isabel II.
La mayor parte de las informaciones derivadas del sumario del caso pusieron la atención en dos asuntos: uno, la progresiva reducción que sufrió la participación del Distrito en Triple A (pasó de tener el 84% al 13%, al tiempo que subían las acciones de Inassa); y, el otro, la operación en Panamá, a través de sociedades de papel, mediante las cuales Canal de Isabel II compró en 2001 Inassa a un grupo de barranquilleros y terminó apropiándose de la Triple A.
De acuerdo con el diario capitalino El Espectador, en la pesquisa disciplinaria que lleva a Carrillo al país europeo, con la esperanza de que se reactive la cooperación judicial, se manejan cinco líneas de investigación.
La primera es la reducción de la participación accionaria del ente territorial de la capital atlanticense. En mayo del año pasado, el Ministerio Público señaló que la indagación preliminar abierta desde entonces iba, concretamente, contra autoridades administrativas del Distrito de Barranquilla 'con el propósito de establecer si hubo actos de corrupción e irregularidades en relación con la forma como el ente territorial fue diluyendo su participación accionaria en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P, mientras que uno de sus accionistas, Inassa, obtenía el control societario'.
Y la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación, en este sentido, ordenó la práctica de pruebas en la Alcaldía de Barranquilla, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y otras públicas y particulares posiblemente involucrados.
La segunda línea de la investigación disciplinaria apunta a establecer qué ha ocurrido con una acción popular que se presentó en la capital atlanticense desde hace más de ocho años por este proceso de capitalización de Inassa, pero cada vez que se va a resolver el recurso, se lee en la información, se cambia al juez.
Tercero, se averigua en el Ministerio Público por unos subsidios que se manejaron en una bolsa común entre el Distrito y la Triple A cuando ya tenía dueño privado español: Inassa. La administración distrital, indica el reporte, tiene deudas con la Triple A de más de $40.000 millones de pesos por aparente manejo de infraestructura, pero dicha infraestructura es pública.
En una cuarta pesquisa, de acuerdo con la información, la Procuraduría tiene bajo la lupa la visita en 2008 del entonces gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, a Cartagena, con bolsas que supuestamente contenían dinero.
Y la quinta, según el reporte, obedece a un contrato de asistencia técnica con Inassa, en el que se han ejecutado más de $70.000 millones sin soportes para ello, hasta que fue suspendido en noviembre pasado a petición de la Procuraduría.
