La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el partido surgido de los acuerdos de paz en Colombia, busca que los tribunales internacionales obliguen a los próximos gobiernos a cumplir lo pactado.
En un comunicado difundido este viernes, la exguerrilla marxista anunció que está gestionando ante Naciones Unidas un pedido para que la justicia internacional convierta en mandato los convenios, ante las amenazas de varios candidatos presidenciales de desconocerlos o modificarlos.
'Son los futuros gobernantes e instituciones que serán elegidos en las próximas citas electorales quienes deben ser conscientes de que deben asumir el cumplimiento e implementación del acuerdo como una obligación del Estado colombiano', afirmó la FARC.
El nuevo partido de izquierda es producto de las negociaciones de paz que permitieron que unos 7.000 guerrilleros depusieran sus armas después de medio siglo de lucha en Colombia.
La Farc precisó que envió un escrito a las altas instancias de la ONU, que apoyó y verificó el proceso, para que a su vez interceda ante la Corte Internacional de Justicia.
'Entendemos que la Corte emitirá concepto declarando que el cumplimiento e implementación, de manera fiel, del Acuerdo Final es una obligación del Estado Colombiano, conforme al Derecho Internacional, que alcanza a cualquier administración colombiana, incluida la Presidencia y el Congreso', indicó.
En caso de prosperar en sus intenciones, los gobiernos elegidos hasta 2030 deberán acogerse a los compromisos de paz.
Suscrito a finales de 2016, el pacto garantiza el ejercicio político de los excombatientes y prevé fórmulas de justicia para las víctimas del prolongado conflicto, en el que también participaron fuerzas del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha.
Los rebeldes acusados de delitos atroces podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a no ejercer la violencia nunca más.
Sectores de derecha encabezados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que intentó en vano acabar militarmente con la guerrilla, cuestionan el acuerdo por considerarlo demasiado indulgente con rebeldes involucrados en violaciones a los derechos humanos.
De cara a las legislativas del 11 de marzo y las presidenciales del 27 de mayo, varios aspirantes han prometido que modificarán lo pactado, en busca de que los exguerrilleros paguen por sus crímenes antes de ocupar puestos públicos.
El acuerdo garantiza a la Farc 10 de los 268 escaños del Congreso por diez años, aunque deberán someterse a las urnas.
Los colombianos elegirán en mayo al sucesor de Juan Manuel Santos, quien selló el histórico acuerdo con los rebeldes, lo que le valió el Premio Nobel de Paz.
