La Fiscalía General de la Nación respaldó la condena de cinco años, cuatro meses y un día de prisión contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, tras la aprobación de la Corte Suprema de Justicia al preacuerdo alcanzado con el exfuncionario.
La Fiscalía basa su hipótesis en que todavía cuenta con nueve investigaciones más en contra de Lyons, actos por los que debe responder.
Estos se tratan del homicidio de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de regalías de Córdoba; la investigación por presuntos tratamientos a pacientes inexistentes por síndrome de Down; por reconocimientos pensionales a docentes; por terapias a enfermos mentales; por tratamientos inexistentes a enfermos de sida; por el ‘Carrusel en la Educación’; por otros contratos de ciencia y tecnología; así como por irregularidades en contratación directa en el departamento de Córdoba y la extinción de dominio de bienes adquiridos por él y su núcleo familiar.
Del mismo modo, la Fiscalía resaltó que el exmandatario departamental enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos, por lo que ya se han adelantado actos que permitieron develar diversos actos de corrupción.
La Fiscalía aseguró que 'lo cierto es que el señor Lyons ya fue condenado por un delito por la Corte Suprema de Justicia y en la actualidad avanzan en la Fiscalía más investigaciones y procesos de extinción de dominio'.
En el marco del proceso judicial que avanza en contra de Lyons Muskus y su proceso de colaboración, el hoy imputado se comprometió a declarar judicialmente para esclarecer los actos de corrupción contra la administración de justicia, a nivel de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación.
Del mismo modo, deberá declarar judicialmente contra un miembro del Congreso de la República que presuntamente intervino en actos de corrupción regional en el departamento de Córdoba, así como declarar contra los miembros de la administración departamental, de nivel directivo, involucrados en actos de corrupción en dicho departamento, que en este caso sería el actual gobernador Edwin Besaile sobre quien también hay un proceso penal.
