Mientras termina la legislación del fast track y los temas relacionados con los acuerdos de paz en el Congreso, un nuevo tema legislativo llama la atención por estos días en la Cámara de Representantes. Uno de estos es precisamente la ley del vigilante, en la cual entre otros aspectos llevaría a que los exámenes psicofísicos de los guardas ya no se deban hacer cada año, sino cada cinco años.
La iniciativa, de autoría del senador liberal Luis Fernando Velasco, ya cumplió su primera vuelta, discusión en la Comisión II y la plenaria del Senado de la República.
Ahora en su paso por la Cámara de Representantes el proyecto ya tiene posiciones críticas, partiendo de la ponencia negativa que presentó el representante José Ignacio Mesa, quien advierte que la ampliación de periodo para realizar los exámenes médicos es una de las principales razones para pedir el hundimiento del proyecto de ley.
A pesar de que la discusión estaba prevista para esta semana, la misma se postergó por la discusión final de la agenda de paz y se retomará la otra semana.
Lo cierto es que la iniciativa llegará en medio de la alerta de un reciente caso que sucedió en Bogotá, el 24 de noviembre, caso en el que un supervisor de una empresa de vigilancia abrió fuego con su arma de dotación contra una mujer y luego se disparó quitándose la vida, esto en medio de una presunta situación emocional.
En defensa del proyecto, el senador Velasco dice que el proyecto fue el resultado de un trabajo conjunto entre empresarios, trabajadores y el Gobierno Nacional y por tanto pide que se analicen a profundidad los argumentos para negar la ley.
En su paso por el Senado, Velasco pidió que se ampliará el periodo de tiempo para el examen de los más de 250.000 vigilantes que hay en Colombia, esto bajo el argumento de que hoy solo hay dos empresas privadas que presta el servicio cuando en realidad son 39, según el Ministerio de Defensa.
Este ministerio señala que realmente en Colombia hay 109 centros, desde el 2008, que se han inscrito para la práctica de los exámenes, lo que desvirtúa un posible monopolio argumentado por el congresista.
