El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, anunció este miércoles nuevas medidas en los procesos por el cartel de la hemofilia en Córdoba, el de los enfermos mentales en Sucre y el PAE en Magdalena y Cartagena.
En un evento sobre el Sistema General de Participaciones, SGP, dispuesto en la Universidad de los Andes, dijo el titular del ente de control fiscal que muy pronto dará conocer nuevas medidas de carácter procesal, adoptadas por la Contraloría contra funcionarios públicos actualmente en ejercicio de sus cargos, involucrados en el llamado cartel de la hemofilia, entre las que se incluyen los embargos a que haya lugar.
'Lo irónico en el departamento de Córdoba es que, en 2016, bajo la administración de un gobernador diferente al primer autor, se hicieron nuevamente pagos irregulares por más de 1.500 millones de pesos, por los mismos conceptos que ya se habían evidenciado, y que de manera inédita dimos a conocer al país', indicó el alto funcionario de origen valduparense.
Frente al caso del cartel de los enfermos mentales en Sucre, anunció que debido a que se crearon IPS de papel para desfalcar los recursos públicos, solicitó expresamente al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las IPS involucradas, que fueron utilizadas como fachada para adueñarse de los recursos del SGP.
Al respecto, apuntó Maya: 'es decir, las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el fiscal y con el procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS, que incurrieron en maniobras fraudulentas y que dieron origen al daño patrimonial a los recursos de la salud'.
Anunció además que el próximo mes el engte de control dará a conocer los resultados de una nueva auditoría a las vigencias 2012 y 2013, donde se llevaron a cabo pagos a favor de tres IPS que atendían igualmente supuestos pacientes de enfermedades mentales, y donde se hicieron pagos por más de 3 mil millones de pesos.
Entre tanto, reportó el contralor que la entidad adelanta nuevas auditorías al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento del Magdalena, donde se han evidenciado nuevamente irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, violando el deber de selección objetiva, así como graves demoras en la contratación que el año pasado, sólo en el Magdalena, llevaron a que se dejaran de entregar más de 2 millones 300 mil raciones de alimentos.
Agregó el valduparense que 'igualmente estamos adelantando una auditoría de cumplimiento a los recursos del SGP ejecutados por el Distrito de Cartagena, y dentro de las próximas semanas daremos a conocer los resultados con relación al PAE, cuyas dos últimas contrataciones superaron los 32 mil millones de pesos'.
En este sentido, señaló que para el año 2016, el PAE en Cartagena presentó una cobertura sólo del 58%, sustancialmente menor a la cobertura de otros entes territoriales como el departamento del Chocó, que atendió el 88%, y la ciudad de Montería, que tuvo una cobertura de casi el 80%.
Y añadió que el Distrito de Cartagena no ejecutó el Programa de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar, 'lo que afectó a la población estudiantil'. Pese a lo anterior, en el mes de abril de 2016, el alcalde, que hoy se encuentra bajo medida de aseguramiento, declaró una urgencia manifiesta para poder celebrar de manera directa la contratación del PAE, 'situación que fue aprobada, muy a pesar de su evidente ilegalidad e irregularidad, por la Contralora Distrital de Cartagena'.
Además, al referirse en términos generales al SGP, advirtió Maya que 'no ha logrado reducir de manera contundente las brechas sociales y los niveles de inequidad en los regiones de Colombia y, peor aún, ha terminado siendo víctima de los corruptos'.
El informe presentado por la Contraloría se centró en evaluar los resultados del SGP específicamente en los sectores de Educación y Salud y la primera conclusión es que los recursos del Sistema no cumplen su objetivo y no se está verificando su destinación real.
'Mientras que en Bogotá el 4,7 por ciento de las personas son pobres, en la región Pacífica (sin incluir el Valle) la cifra asciende a 33,8 por ciento. Y en la región Atlántica la pobreza llega a 31,2%', explicó.
Por ello, para el contralor 'la distribución del SGP debe ser más diferencial y progresiva: los municipios más pobres deberían recibir un SGP per cápita superior al promedio y notoriamente mayor al de los municipios más ricos, que pueden generar recursos propios'.
