Por una aparente falta de control a la Fundación Peces Vivos de Ibagué, donde habrían dado tratos crueles a niños y niñas en condición de discapacidad, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Para el Ministerio Público 'resultan inaceptables' las declaraciones de la directora del ICBF, la barranquillera Karen Abudinen, 'de que este no es el único caso, lo que significaría una vulneración sistemática de los derechos de los niños'.
Por ello, el procurador Fernando Carrillo exhortó a Abudinen para que esa entidad 'asuma, con el rigor que amerita, el seguimiento y la vigilancia a los operadores que brindan atención especializada a la población en condición de discapacidad'.
De igual forma, pidió a las autoridades poner en marcha mecanismos que garanticen el cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes, con mayor énfasis en la población en condición de discapacidad, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier circunstancia que pueda constituir vulneración, amenaza o inobservancia de sus derechos.
El ente de control disciplinario señaló en un comunicado que la indagación de la Procuraduría busca identificar a los responsables que habrían omitido la supervisión, vigilancia y control del contrato suscrito con la fundación.
'Adicionalmente, en el proceso penal iniciado tras la captura de 10 personas, la Procuraduría, a través de una agencia especial, solicitó detención intramural', se lee.
Se refiere el Ministerio Público a la detención anunciada el jueves por la Fiscalía y la Policía de 10 personas, empleadas de la fundación prestadora de supuestos servicios de atención a menores con discapacidad mental psicosocial.
El fiscal delegado para la violencia contra los niños y niñas, Mario Gómez, indicó que 'fueron múltiples los abusos y maltratos a los que habrían sido sometidos los menores en situación de discapacidad; al parecer con conocimiento y dolo de la directora de la fundación, junto con los funcionarios supuestamente adoptaron procedimientos contrarios a los lineamientos en materia de salud'.
La Fiscalía judicializa a los presuntos responsables por los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento y alteración o destrucción de elementos de material probatorio.
Por su parte, la directora del ICBF dijo a periodistas que han venido 'trabajando con la Fiscalía, y ya a estos niños se les están garantizando sus derechos'.
Explicó Abudinen que 'gracias a un funcionario pudimos conocer esta denuncia, e inmediatamente tomamos todas las acciones para ver si hay mérito para abrir procesos disciplinarios contra funcionarios por presuntas irregularidades u omisiones'
Finalmente, aseguró la barranquilllera que 'los niños están bien, están con los defensores de familia y un equipo de protección se trasladó a Ibagué a acompañar el proceso que se adelanta allá. En ese hogar hay 38 niños, dos habían sido entregados a las familias, así que 36 fueron reubicados'.
Concluyó que el caso se conoció porque 'antes no se atrevían a denunciar y hoy hay acciones contundentes en el instituto, y por eso se denuncian, y seguiremos trabajando para que más ciudadanos y familias denuncien casos como estos, y que esto no vuelva a pasar'.
