El viceministro del Interior, Luis Ernest Gómez Londoño, solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que dé su visto bueno al Decreto Ley 588 de 2017 que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
En audiencia pública, el Viceministro aseguró que se trata de una Comisión que es necesaria para la implementación del Acuerdo de Paz, pues hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
En su criterio, se trata de un mecanismo para obtener la verdad y la memoria de lo sucedido en el conflicto 'y que ayude a la reparación de las víctimas'.
'La verdad es una medida que no sólo va dirigida a las víctimas en particular sino a la sociedad misma, pues la verdad es también social acerca del esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado', explicó el Viceministerio.
Para el Gobierno, la Comisión es una medida que tiende a la satisfacción de los derechos de un universo de víctimas que no implica la regulación de asuntos que conciernen a comunidades étnicamente diferencias, ni una incidencia verificable en la confirmación de la identidad de estas comunidades y, por tanto, no debía hacerse consulta previa con estas sobre este decreto.
A su turno, el vocero de Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, sí debió hacerse dicha consulta con las comunidades y por eso pidió a la Corte que tumbe el decreto.
De acuerdo con Arias, era necesaria la consulta porque se 'trata temas fundamentales del proceso de paz' y porque supuestamente se dejó por fuera a las comunidades étnicas y negras, raizales y palanqueras.
El director de Dejusticia, César Rodríguez Garavito, señaló que sí se debió hacer la consulta previa pero que, en esta ocasión, al hacer una ponderación con el derecho a la paz, la consecuencia no debe ser tumbar el decreto.
Rodríguez pidió en ese sentido la 'exequibilidad condicionada de la norma'. Además, señaló que la Comisión de la Verdad debe operar con un enfoque de género, teniendo mecanismos concretos que permitan a las víctimas participar en esta, y con criterios gerenciales que expongan los casos emblemáticos, casos que permitan exponer patrones de criminalidad, entre otros.
En la audiencia, igualmente, Colombia Diversa consideró que debe tenerse en cuenta las afectaciones que los actores armados, tanto guerrillas como Fuerza Pública, han cometido a las personas Lgbti, como actos de discriminación, y que suelen desestimarse o pasar desapercibidas por actos de violencia más directos y gravosos.
