Luego de los hechos del pasado cinco de octubre en la vereda El Tandil en el municipio de Tumaco (Nariño), donde perdieron la vida seis personas, en medio de la jornada de erradicación manual de cultivos ilícitos.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, lamentó la situación y reiteró que el órgano defensor ha advertido en varias ocasiones los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio por el accionar de los grupos armados ilegales, y lo ha hecho mediante la emisión de alertas tempranas.
'Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios'.
Por las contradicciones que se han generado alrededor de estos hechos, la Defensoría dispuso de una comisión humanitaria encabezada por el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, y el director del Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo, entre otros funcionarios, con el fin de que se desplazaran a la zona para verificar la situación y brindar acompañamiento a las víctimas.
El pasado 6 de octubre la misión defensorial de alto nivel se desplazó a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), para acompañar a la población civil afectada y hacer presencia en el lugar donde tuvo ocurrencia el hecho violento.
En medio de la visita los delegados de la Defensoría sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, con el fin de identificar las posibles causas de los hechos.
En primera instancia, 'los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS'.
De acuerdo con la investigación de la Defensoría, a esta movilización asistieron al menos 1500 personas, de las cuales alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habían instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional.
Según el reporte, los manifestantes, que provenían de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, y algunos hacían parte del pueblo indígena Awá, fueron ellos quienes aseguraron 'que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos'.
En medio de los hechos, los asistentes a la movilización confirmaron que 'no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados 'tatucos', contrario a lo informado por las autoridades'.
La comunidad víctima de los hechos, precisó que se descartó 'la participación del Ejército Nacional en los hechos violentos y exalta el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos'.
En medio de la visita de los delegados de la Defensoría, la comisión pudo destacar que 'no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros'.
Recomendaciones de la Defensoría
El Defensor del Pueblo, en medio de la situación que se viven en este momento en Tumaco, recomendó varios aspectos a las entidades gubernamentales, con el fin de garantizar los derechos humanos de las comunidades campesinas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y resguardos indígenas Awá.
Negret precisó que la Fiscalía General de la Nación deberá adelantar una investigación eficaz, oportuna y diligente, que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Para tal fin se recomienda que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos.
Por su parte, a la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder disciplinario preferente, deberá adelantar las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre pasado constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública.
En este caso la Policía Nacional también recibió recomendación del órgano defensor, este consiste en que el Director General de la Policía Nacional deberá rendir un informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, que relacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ocurridos en la vereda El Tandil.
A su turno, el Ministerio del Interior y la gobernación de Nariño también deberá asumir la responsabilidad de adoptar las medidas eficaces de prevención y protección con fundamento en las recomendaciones formuladas en los documentos de advertencia tales como, la Nota de Seguimiento 015 de 2016 y los informes de riesgos número 014 y 043 de 2017.
La Unidad para la Atención a las Víctimas, debe brindar la ayuda humanitaria de emergencia a las personas afectadas y desarrollar las gestiones tendientes a activar la ruta de reparación integral para las víctimas directas e indirectas.
Así mismo, la Unidad Nacional de Protección, debe realizar los estudios de riesgos a los líderes comunales y autoridades étnicas que se encuentren en condición de amenazados e implementar planes y medidas de protección individual y colectivas.
Mientras que la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, deben establecer el cronograma de actividades concertado para la sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona rural del municipio de Tumaco, en el marco del Acuerdo Colectivo de sustitución voluntaria suscrito el 4 de marzo de 2017.
