La defensa del senador Musa Besaile, representada por el abogado Julián Quintana, aseguro que su defendido se encuentra en un 'estado crítico de salud' y que encuentra recluido en su casa. La afirmación se da luego de que en contra del congresista fuera emitida una orden de captura la tarde del martes en medio del escándalo de presunta compraventa de decisiones judiciales en el seno de la Corte Suprema.
'Hay una circunstancia de salud que hay que tener en consideración, pues le impide hoy en día incluso hablar. El está en su domicilio con una prescripción médica. Yo adjunté a la Corte el historial médico del senador Musa Besaile hace dos días. No son cosas que nos estamos inventando para excusarnos. La incapacidad está hasta el día viernes, sujeto a una nueva verificación del médico', dijo el abogado.
A pesar de los intentos de la defensa de Besaile por revocar la orden de captura o hacer una negociación con la Corte, estas posibilidades fracasaron, el requerimiento sigue vigente y el senador es prófugo de la justicia.
No hay negociación. Así quedó establecido la tarde de ayer luego que el abogado Quintana, pidiera una reunión con el magistrado ponente en este caso, Luis Antonio Hernández. Aunque el encuentro se dio, la Sala de Instrucción dejó en claro que no hay lugar a ninguna negociación y que se le darán las garantías de ley que se le dan a cualquier procesado.
El abogado Quintana asegura que Besaile se va a entregar a la justicia, pero no señaló cuándo lo haría.
La orden de captura contra Besaile la tomó la Sala de Instrucción que investiga este escándalo y se dio por el delito de peculado por apropiación, por un monto de $600 millones y cohecho por dar u ofrecer.
Esto, luego que en su versión libre, ante la sala, Besaile asegurara que el ex fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno le pidió $6.000 millones para frenar una orden de captura en su contra, en el proceso que se adelanta en la Corte Suprema por ‘parapolítica’, de los cuales pagó $2.000 millones.
De acuerdo con la versión de Besaile, estos hechos no se denunciaron con anterioridad por las presiones de altos funcionarios pero, su defensa, tendría un documento firmado en 2015 en una notaría, época en la cual habrían sucedido estos eventos.
El documento contendría su declaración juramentada, en la cual explican cómo se dio el cobro del dinero, en hechos que califica de extorsión.
