'La cizaña de la desconfianza está sembrada'. Con estas palabras calificó el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero, la situación en la que quedó dicha corporación tras la negativa del magistrado Gustavo Malo de renunciar a su cargo, tal y como se lo habían pedido sus compañeros.
Y es que la decisión de Malo repercute de manera directa en la confianza y la credibilidad de la ciudadanía sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y hará de la cotidianidad de la Sala una situación que podría convertirse en insostenible.
Para el exmagistrado Gómez Quintero es claro que si la Sala le pidió la renuncia a Malo, las razones han de ser contundentes y ahora, necesariamente, la Corporación 'se verá afectada por la desconfianza en los procesos que estén en ese despacho', sin importar si hay pruebas o no para dudar sobre su curso.
'Cómo mínimo debió pedir una licencia', agregó Gómez Quintero, teniendo en cuenta que ya la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes le abrió una investigación.
Pero hay voces que son aún más duras hacia el magistrado Malo, como el exministro de Justicia y exconstituyente Juan Carlos Esguerra, quien no duda en la situación al interior de la Sala Penal 'se complicará tremendamente'.
'Un magistrado no puede estar sub judice por definición, porque eso le hace un tremendo daño a la Institución y su primera obligación es pensar en la Corte Suprema de Justicia y no en él', aseguró.
Pero, ¿qué puede pasar con Malo y los 24 procesos que lleva actualmente su despacho, sin contar tutelas y procesos de casación?
Técnicamente, el magistrado Malo no está obligado a renunciar ni apartarse del cargo temporalmente. Tampoco estaría impedido para seguir con los procesos sobre los que ahora hay sospecha, como el de Musa Besaile y Julio Manzur por ‘parapolítica’, pues legalmente sólo habría impedimento hasta que esté vinculado en una indagación en la Comisión de Acusaciones, en donde apenas se le abrió una preliminar.
En ese sentido, la Sala Penal tendría que entrar a analizar qué hacer, aunque sus compañeros de Sala esperan que, como mínimo, se aparte de manera voluntaria de esos casos que están siendo revisados.
Este miércoles, Malo Fernández no renunció ante sus compañeros alegando que eso implicaría aceptar responsabilidades y que él es inocente. Por esa razón, la Sala Penal le pidió que haga un pronunciamiento público en el que responda a los señalamientos que se la han hecho luego que Musa Besaile confesara que pagó 2000 millones de pesos al abogado y exfiscal Moreno para frenar una orden de captura en su contra.
Así, incluso, lo selló la propia Sala de Instrucción de la Corte que investiga este entramado de corrupción en el auto de compulsa de copias a la Comisión contra Malo, cuya hija además será imputada por extorsión agravada.
'Con los hechos delictivos aquí investigados, el presunto pago que hizo el senador Musa Besaile de 2000 millones de pesos para impedir, al parecer, que se librara una orden de captura en su contra, podría resultar comprometido el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, magistrado a cargo del expediente 27.700 contra Musa Besaile, se ordena remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes los testimonios recibidos en esta actuación Ana María Erazo y José Reyes Rodríguez, para la iniciación de la investigación penal que haya lugar o para que hagan parte de la que eventualmente allí se haya comenzado', dice el auto de compulsa de copias.
Como explicó Colprensa, hasta el momento solo el testimonio de Reyes, quien fuera su magistrado auxiliar, señala directamente a Malo. Este aseguró a la Corte que consideró que había elementos para dar apertura formal en contra de Besaile y que, en su criterio, su salida de la Corte se debió a que 'se convirtió en una piedra en el zapato' en ese proceso.
Los procesos que lleva Malo
El Magistrado Malo Fernández no solo llevaba el caso del senador Musa Besaile. Actualmente lleva 20 de los 91 procesos por parapolítica que tiene la Corporación en contra de congresistas, excongresistas y mandatarios locales.
Tiene, por ejemplo, la investigación contra Julio Manzur Abdala, que está para alegatos finales en la Corte y sobre el cual también hay sospecha luego que el hijo de Manzur asegurara que Moreno le pidió primero 600 y luego 2000 millones para representarlo, con la garantía de que iba a lograr un resultado positivo.
También tiene una investigación preliminar contra el senador Álvaro Uribe Vélez, contra el detenido exsenador Otto Bula, contra Piedad Córdoba, los representantes Jaime Armando Yepes Martínez y José Ignacio Mesa, así como los excongresistas Eleonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Espriella, excongresistas.
En investigación preliminar igualmente Malo lleva procesos en contra de los congresistas José Obdulio Gaviria, Humprey Roa Sarmiento, Cristóbal Rodríguez Hernández, Juan Samy Merheg Marun y Alfredo de Luque Zuleta.
Igualmente, adelanta proceso en contra de los excongresistas Juan de Jesús Córdoba Suárez, Gustavo Hernán Puentes Díaz, Jhon Jairo Roldán Alvedaño, Hernando Hernández Tapasco, Germán Antonio Aguirre Muñoz, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Ramón Elejalde Arbelaéz y Cesar Pérez García, todos estos casos por denuncias que alegaban la existencia de supuestos vínculos con grupos ilegales.
Por otro lado, el magistrado Malo lleva tres procesos relacionado con la Dirección Nacional de Estupefacientes: uno contra los exsenadores Javier Cáceres, Miguel Pinedo Vidal y Omar Yepes Alzate.
