La Fiscalía pidió este lunes medida de aseguramiento intramural contra el exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, por el polémico contrato del dengue en la península, suscrito por $17 mil millones de pesos.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, le imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y concusión, cargos que Ballesteros no aceptó.
El ente acusador confirmó lo que EL HERALDO reveló hace un par de meses, acerca de que testigos del proceso señalaron que Ballesteros y su padre, el exsenador Jorge Ballesteros, les pidieron a los contratistas 200 millones de pesos en medio del desarrollo del contrato.
'Entre junio y octubre de 2014, Ballesteros hizo un acuerdo con su padre y solicitó dinero a los gestores del proyecto a cambio de apoyo con el contrato. En una cita con Jorge Ballesteros, en la Casa de Gobierno de La Guajira, los gestores dijeron que el exsenador les preguntó: '¿cómo vamos?, ¿cuál es la ganancia?'', indicó el fiscal Ospino.
Agregó el delegado que Jorge Ballesteros les dijo a los gestores que él manejaba la contratación en salud y que hablaría con su hijo a ver qué se podía hacer.
'Ballesteros actuó en forma sesgada, no publicó oportunamente el convenio en el Secop sino un año después de suscrito. (...) Es coautor de peculado porque permitió que el contratista se apoderara de dineros del Estado', puso de presente.
Agregó el funcionario investigador que 'la Gobernación nunca tuvo en cuenta otros proponentes, a pesar de que existían 24 grupos de estudio dedicados al dengue en el país', añadiendo que, entre otras irregularidades, 'el mismo contratista se hacía aumentos de sueldos, y eso le fue informado a la Gobernación, pero esta los justificaba' y que 'la Olfis (contratista) para 2013 contaba con un patrimonio de $2 millones y luego del contrato del dengue tenía ya $700 millones'.
Y advirtió que en este proceso hay una medida de aseguramiento contra el contratista, Freddy Díaz, quien aún no se presenta a la justicia.
El pasado 8 de agosto, el juez 27 de Conocimiento de Bogotá, actuando como segunda instancia, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Freddy Díaz, contratista del convenio del dengue, pero dejó libres al exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araújo y a su exasesor jurídico, Marcos Pedraza.
Aunque el togado consideró que había inferencia razonable de autoría de todos los implicados en los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado, aseguró que la Fiscalía no argumentó 'adecuadamente' la necesidad de la medida contra los exfuncionarios.
Este diario reveló hace un par de meses que un nuevo testigo de la Fiscalía contó la forma como en medio del cuestionado contrato del dengue se contrataron a los propios familiares de los funcionarios y de los contratistas, por millonarias sumas de dinero y sin trabajar un solo día.
Del mismo modo, la Fiscalía reveló amenazas, ‘arreglo’ de funcionarios judiciales y la aparente intervención del exfiscal Gustavo Moreno y compañía.
En julio de 2016, este medio ya había revelado que en medio del convenio 019 de 2014, con recursos de regalías, hubo, según la interventoría de la Universidad Nacional, aparentes pagos millonarios por caja menor sin soportes, disminución del personal a contratar para obtener mayores ganancias y giros anticipados que no estaban establecidos en el contrato, entre otras anomalías.
