Una nueva línea de investigación se ha abierto en medio del escándalo de corrupción que sacude a la Corte Suprema de Justicia: se trata de indagaciones para establecer si hubo cobros por nombrar a funcionarios en la Fiscalía y en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, fortín burocrático del senador Bernardo 'Ñoño' Elías -coterráneo, copartidario y amigo de Musa Besaile-, y en el que el exmagistrado Francisco Ricaurte tiene contratos por 700 millones de pesos.
Bajo la lupa en este caso está el magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, en cuyo despacho se encuentra desde 2014, sin avanzar, el proceso por 'parapolítica' contra Besaile, senador que denunció hace poco supuestas extorsiones por parte del exfiscal Gustavo Moreno y su socio Leonardo Pinilla, para hacer aparentes pagos a los exmagistrados José Leonidas Bustos y Ricaurte -cercano a Malo-, para favorecerlo en el caso ante el alto tribunal.
Medios de comunicación capitalinos informaron al respecto que Malo estaría en el centro de una pesquisa por presuntos cobros a personas que, con prácticas clientelistas de los magistrados, fueron nombradas en altos cargos en la Fiscalía General de la Nación y en Fonade, donde Ricaurte tiene contratos y cercanías.
También se indagan nombramientos del exfiscal general Eduardo Montealegre y Bustos, a través, incluso, de convenios entre el organismo de investigación penal y el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país.
Por ejemplo, en las conversaciones grabadas por la DEA entre Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons -a quien también presuntamente pidieron sobornos-, se menciona el nombre del fiscal delegado ante la Corte Suprema, Raúl Acero, dueño de un vehículo de alta gama que Bustos le vendió a Moreno.
Entre tanto, Ricaurte, ante los rumores de una eventual captura, pues su fuero no aplica en este caso, ya que los hechos los habría cometido cuando no era magistrado, por lo que será la Fiscalía quien lo investigue, negó los señalamientos, dijo que no saldría del país y se puso a disposición de las autoridades.
Ricaurte, según Besaile, fue quien le recomendó contratar a Moreno, tuvo una oficina con Moreno en algún momento para litigios, es señalado de recoger pagos y de reunirse en su casa de Cartagena con el senador investigado por nexos con las AUC.
El cartagenero, quien lleva unos 10 años saltando de una corte a otra, en medio de críticas por la denominada práctica de la 'puerta giratoria', y quien ahora aspira a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, mecanismo de justicia transicional que salió de la Mesa de Paz de La Habana, podría convertirse, de acuerdo con algunos análisis periodísticos capitalinos, en el primer expresidente de la Corte Suprema, el máximo tribunal de la justicia del país, detenido.
Entre tanto, se revisan los procesos que se llevan en el alto tribunal contra una veintena de políticos, entre los que también han sido mencionados la exsenadora de La U, Piedad Zuccardi, investigada por 'parapolítica' y el representante a la Cámara por Bolívar, Hernando Padauí, de Cambio Radical, amigo del exfiscal Moreno, y a quien le abrieron una investigación en 2015 por peculado cuando fue alcalde de Magangué y además lo denunciaron en 2013 por explotación sexual de menor de edad.
