Según la Contraloría General de la República (CGR) las condiciones de hacinamiento de las sistema penitenciario del país se ha agravado por la 'inoperancia' de las entidades encargadas de brindar los servicios a las personas privadas de la libertad, así como los encargados de ejecutar las decisiones judiciales.
El organismo de control fiscal sustentó sus argumentos en tres documentos emitidos en auditorias hechas durante el primer semestre de 2017 al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el informe consolidado de los resultados de las visitas a 26 establecimientos de reclusión a nivel nacional.
Solo invirtió 10% de su presupuesto en 2016
De acuerdo a la CGR el Uspec en el 2016 no logró ejecutar el 90,5% de los $248.046 millones que le habían sido asignados para adelantar sus proyectos de inversión durante la vigencia, sumas que debieron ser constituidas como reservas de apropiación.
'Como solución a su falta de operatividad, la Uspec optó por entregar a terceros la gestión contractual para adelantar las obras de construcción y adecuación de cupos a nivel nacional y mantenimiento de los establecimientos a cargo, en un contrato donde se comprometieron el 72% de las reservas presupuestales de inversión de 2016 y los recursos de los proyectos de inversión para las vigencias 2017, 2018 y 2019', dice la Contraloría a través de un comunicado.
En consecuencia, se lee en el documento que el contrato interadministrativo número 216144 de noviembre de 2016 suscrito con Fonade por $426.129 millones, absorbió $149.476 millones de la vigencia 2016. Esto, continúa la CGR, implicó que para el periodo evaluado, dichos recursos no tuvieran ningún resultado tangible, lo que evidenció la nula gestión para la generación o rehabilitación de nuevos cupos durante el último año.
En el contrato suscrito con Fonade se incluye pagos por $33.439 millones por conceptos como cuota de gerencia, costos derivados, operativos del contrato y costos por gravamen a movimientos financieros, según la Contraloría.
El suministro de alimentación para los establecimientos a cargo del Inpec también fue tercerizado para la vigencia 2017, manifiesta la CGR. 'Se escogieron proveedores a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, lo que implicó que debiera destinarse una importante porción de los recursos programados para la alimentación de la población reclusa, para cubrir costos de comisiones, operación de bolsa y Cámara de Compensación', indica el informe.
Agua potable y residual
Las visitas efectuadas por la Contraloría General detectaron deficiencias en las labores de supervisión por parte de la Uspec a los contratos de mantenimiento y mejoramiento de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales.
Según el informe, las fallas encontradas llevaron a que los centros de reclusión de Combita y Acacias, emplearan agua no apta para el consumo humano y se efectuaran vertimientos de aguas residuales sin ningún tratamiento a fuentes de agua. Para ambos casos se abrieron procesos sancionatorios ambientales.
Gestión ineficiente
La Contraloría General de la República encontró 49 hallazgos, de los cuales 9 tienen alcance disciplinario, uno alcance fiscal y 2 incidencias administrativas.
La conclusión del ente fiscal fue que la Uspec 'no cumplió con los planes, programas y proyectos de inversión que se evaluaron en el proceso auditor, establecidos en el periodo 2016, reflejando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica'.
También asegura que 'las medidas alternativas a la privación de la libertad en centro de reclusión, previstas en el código penal, se vienen tornando en ineficientes para garantizar la comparecencia al proceso penal y para velar por la protección de la sociedad frente a quienes han infringido la Ley'.
El informe de auditoría reveló que pese a que entre diciembre de 2014 y enero de 2016 la Uspec declaró urgencia para contratar el servicio de vigilancia electrónica, sólo hasta el 19 de diciembre de ese año se celebró el contrato No. 326 de 2016 con la Bolsa Mercantil de Colombia para adelantar el proceso de selección del contratista que prestaría el servicio, y solo hasta abril de 2017 se suscribió contrato con el nuevo operador.
Por esta razón, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, ordenó la realización de una auditoría de cumplimiento.
En ella se auditará el suministro de bienes, prestación de servicios, infraestructura y el apoyo logístico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec.
Los resultados incluidos en el informe, entre otras situaciones, revelan incumplimiento generalizado en la aplicación de la fórmula de equilibrio decreciente, pues aunque en algunos casos son mayores las salidas que los ingresos, continúan constantes los niveles de hacinamiento en los establecimientos visitados.
Conforme la desagregación de las cifras, la población sindicada a cargo de las entidades territoriales, se configura como la que genera el exceso de ocupación frente a la capacidad instalada nacional.
La disposición legal que exige separación entre población sindicada y condenada solo es posible cumplirla en establecimientos de reciente construcción, donde la infraestructura permite división física por patios o pabellones.
Frente a la infraestructura para la preparación de alimentos se detectaron deficiencias en las locaciones para la preparación y almacenamiento de insumos, y en algunos casos, por condiciones propias de los establecimientos, el suministro de alimentación debe hacerse luego de grandes desplazamientos y en zonas no adecuadas para tal fin.
