La justicia colombiana les rastrearía bienes en los Estados Unidos a los tres exmagistrados implicados en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.
Luego de que la DEA le grabara una conversación al exfiscal anticorrupción, el barranquillero Luis Gustavo Moreno, y a su socio, el cordobés Leonardo Luis Pinilla, hablando de supuestos pagos a togados para favorecer procesos de congresistas aforados en la máxima corte de la justicia ordinaria del país, investigadores de ambos países están tras la fortuna de los altos jueces en territorio estadounidense.
De acuerdo con un informe del periódico capitalino El Tiempo, al exmagistrado cartagenero Francisco Ricaurte le figuran tres lotes en Boyacá por 300 millones de pesos: Alto Redondo, San Rafael y Las Mercedes.
Otro caso es el del extogado José Leonidas Bustos, quien según el reporte tiene varios predios en Bogotá e Ibagué, ha realizado transacciones de finca raíz en los últimos años por al menos 4.000 millones de pesos.
Posee desde 2010 un apartamento al norte de Bogotá de 850 millones de pesos y otro desde 2014 por 1.850 millones, en donde vive con su actual esposa, Martha Pineda, ternada por el presidente Santos a la Comisión Disciplinaria Judicial.
Y el exmagistrado Camilo Tarquino compró un apartamento en 2010 por 970 millones de pesos.
Se cuestiona además en medio de este caso el hecho de que el exprocurador y precandidato presidencial de derecha, Alejandro Ordóñez, haya nombrado a Ana Velasco, exesposa de Bustos, en la Procuraduría General, aunque Ordóñez lo niega.
No obstante, de acuerdo con la emisora capitalina Blu Radio, el exprocurador firmó un decreto de 2010 por medio del cual el hoy precandidato a la Presidencia de la República hizo el nombramiento.
Así mismo, Ordóñez, aunque también lo niega, habría nombrado a la actual esposa de Bustos en un cargo en el Ministerio Público.
Entre tanto, la vicefiscal María Paulina Riveros negó que la llegada de Moreno a la Fiscalía fuera por recomendación del magistrado Bustos: no es cierto, yo puedo dar prueba, es decir, me consta personalmente que no existe ninguna recomendación'.
De otro lado, la Procuraduría ofreció a la Comisión de Acusaciones de la Cámara apoyo en la investigación contra los magistrados señalados.
'Para la integración de un equipo de investigación conjunta, (...) la Procuraduría ofrece recursos humanos, materiales y técnicos', indicó.
