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La Fiscalía General de la Nación pidió cárcel y medidas restrictivas para los empresarios investigados por el escándalo de Reficar.

El ente investigador solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Felipe Laverde Concha (exvicepresidente Ejecutivo del Downstream), Reyes Reinoso Yáñez (expresidente de Reficar en 2013), y Massoud Deidehban (exrepresentante ejecutivo de CB&I).

Además solicitó la detención domiciliaria para Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009, por su avanzada edad y estado de salud.

Otra de las solicitudes está relacionada con las restricciones para salir del país propuestas en el caso de Pedro Alfonso Rosales Navarro y Carlos Alberto Lloreda Silva, exmiembros de la mesa directiva de Reficar.

Para Philip Kent Asherman, exdirectivo de CB&I, la Fiscalía solicitó presentaciones periódicas en el Consulado de Colombia en Houston (Estados Unidos).

Esta actuación procesal se lleva a cabo de manera simultánea con conexión en Estados Unidos debido a que los dos altos directivos de la compañía Estadounidense CB&I se encuentran en ese país.

Los hechos por los que hoy son investigadas estas personas se relacionan con el millonario desfalco a la Refinería de Cartagena, que ha sido calculado en $610.000 millones.

La diligencia judicial se reanudará el próximo viernes, 25 de agosto, ante el Juzgado 16 con función de control de garantías.

'La chequera de Reficar'

A finales de julio, la Fiscalía puso de presente que a través de cuatro acuerdos suscritos entre Reficar y CB&I en 2014, Reyes Reinoso, expresidente de Reficar desde 2010, 'le entregó la chequera de Reficar a CB&I para que esta dispusiera indolentemente del patrimonio de los colombianos'.

El fiscal 27 Anticorrupción, Julián Rendón, explicó ante el Juzgado 16 de Garantías de Bogotá que no solo se benefició a CB&I por el contrato incumplido de 2007 y con los dos contratos a dedo y sin verificación de 2010, 'sino que también en la ejecucion del proyecto de la Refinería de Cartagena se llegó al extremo de autorizar el pago de gastos que autónoma y libérrimamente lleva a cabo CB&I sin previo control y auditoria'.

Agregó en este sentido el representante del ente investigador que 'el dolo de Reinoso y del exvicepresidente jurídico de Reficar, Felipe Laverde, llegó al extremo de autorizar el pago de facturas que previamente habían sido rechazadas, pagos que no tenían ninguna relación con el proyecto de la refinería, también pagos suntuosos y no constituidos como costos reembolsables'.