Tras tres regaños por parte de la juez 37 de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los 13 integrantes de la Policía Nacional, sindicados de la muerte del profesor Javier Ocampo Cepeda, ocurrido el 4 de abril de 2003 en Cali, y la posterior alteración de la escena del crimen.
Tras la imputación de cargos y la no aceptación de los delitos endilgados a los procesados, la diligencia se desarrolló de manera lenta, porque desde las 4:00 de la tarde el fiscal del caso, Aurelio Arévalo, inició con la solicitud de detención preventiva leyendo de manera detallada las entrevistas, declaraciones y reportes técnicos de la investigación, lo que motivó los llamados de atención en su contra.
Luego, hacia las 7:00 de la noche, el fiscal solicitó aplazamiento de la diligencia 'por motivos de cansancio' y para 'reformular los elementos materiales probatorios'. Esta petición fue rechazada por los abogados de los detenidos. 'Con todo respeto señor fiscal, usted tuvo cuatro años adelantando una indagación y tiempo suficiente y razonable para presentar la solicitud de medida de aseguramiento', dijo uno de los juristas.
Tras el rechazo de la suspensión, el fiscal Arévalo solicitó la detención preventiva contra los involucrados, al estimar que mintieron en sus declaraciones sobre aspectos cómo se dio el tiroteo en el barrio El Limonar, de Cali, la muerte del profesor Cepeda y el manejo de las evidencias.
El fiscal señaló que en este caso se tienen múltiples elemento probatorios, informes forenses, balísticos, documentales, 62 fotografías del lugar de los hechos, de las heridas del docente, entre otros.
Entre los motivos se indicó que se ocultaron por parte de los uniformados los documentos de identificación del profesor, a pesar de tenerlos, lo que implicó un ocultamiento del cuerpo por dos días. Igualmente, se habrían ocultado elementos probatorios de la escena del crimen, elementos personales del profesor Ocampo Cepeda como sus gafas y el celular.
Igualmente, indicó que a Cepeda se le hizo un perfil criminal inexistente, actuando los policías de manera contraria a sus deberes, además que se amenazó a su familia. Para el fiscal, si no son enviados los policías a la cárcel, los uniformados podrían evadir la justicia, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos.
'Los imputados acomodaron los casos con el fin que al investigar se genere una hipótesis diferente a lo acontecido. Lleva un mensaje de engaño (...) En libertad podrían afectar el desarrollo normal del proceso y seguir desviando la investigación como lo hicieron el día de los hechos', dijo Arévalo.
El fiscal dijo que la restricción de la libertad es necesaria y dijo sentir temor que por la calle haya policías armados, actuando como si fueran delincuentes. 'No hay confianza en ellos. Sentiríamos miedo que los imputados sigan en la calle con sus uniformes', agregó.
El fiscal del caso insistió en la audiencia que estos hechos no tienen nada que ver con el conflicto, por lo que no cabría el caso en la Jurisdicción Especial para la Paz.
