Al término de la imputación de cargos contra los ex directivos de Reficar y la firma contratista CB&I, los procesados no aceptaron cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
De acuerdo con la Fiscalía, Orlando José Cabrales, Felipe Arturo Laverde, Pedro Alfonso Rosales, Reyes Reynoso Yanez, Carlos Alberto Lloreda, Philp Asherman y Massoud Deidehban; en caso de encontrarse culpables por los delitos imputados deberán pagar una condena entre ocho y 22 años.
Los procesados son los presuntos responsables del desfalco de 610.000 millones de pesos en la reestructuración de la Refinería de Cartagena.
La diligencia completó seis días, tras varios percances técnicos y de salud de los implicados. Sin embargo, el proceso continuó en la mañana de este miércoles en el que se conocieron algunos detalles de las excentricidades que tuvieron los imputados en medio del ilícito.
Juan Andrés Rondón, fiscal del caso, expuso el material probatorio en el que asegura que 'hay más de 20.000 facturas ilegales, una de ellas fue cobrada por 3000 millones de pesos y otra por 173.000 millones en gastos suntuosos y extravagantes'.
EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS
Juan Andrés Rondón, fiscal del caso, aseguró que los ex directivos de Reficar Orlando José Cabrales, Felipe Laverde Concha y Pedro Alfonso Rosales Navarro beneficiaron con dos contratos a la firma CB&I, de la cual Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman fungían como representantes legales.
Cabrales, Laverde y Rosales habrían fraguado una estrategia para beneficiar a la firma CB&I mediante un plan que consistía en modificar la modalidad base del contrato reembolsable y en retirar la responsabilidad que tenían de presentar una oferta económica para el megaproyecto.
Según la Fiscalía, Rosales Navarro desde 2008 sabía que CB&I no se encontraba en disposición para presentar dicha oferta como correspondía y, además, conocía de su poca experiencia para asumir la construcción de la Refinería.
El fiscal destaca que durante 2004 CB&I ya había concursado en la licitación de la Refinería de Barranbermeja, en el cual obtuvo la más baja calificación para asumir la remodernización. Y, pese a conocer todo esto, Rosales Navarro liberó a CB&I de toda responsabilidad, contraviniendo lo pactado en el contrato 2007, que seguía las directrices del Conpes 3312.
También reveló que durante julio de 2009 se realizó un acta en la que Rosales firmaba el compromiso para llevar a la junta directiva la aprobación de CB&I del contrato en la modalidad de costo reembolsable.
'La participación de Rosales en Ecopetrol en esta fase de la contratación fue esencial y contribuyente para que la junta directiva avalara los acuerdos con CB&I. Lo que llevó a que la contratación se tornara beneficiaria para CB&I', dijo el fiscal.
ACUERDOS MOA Y PIP
De acuerdo con el ente acusador, los ex directivos de Reficar y CB&I, luego de la firma de los contratos suscitados en el año 2010, realizaron acuerdos con el fin de justificar los excesivos pagos que causaron el detrimento a la Refinería de Cartagena.
Las partes celebraron acuerdos tipo MOA (Memorandum of Agreement) y PIP (Project Invoicing Procedure), que fueron los que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos.
El acuerdo MOA permitió que Reficar pagara gastos del proyecto sin la validación del auditor del contrato, que, para esa fecha, era Foster Wheeler y Process Consultant Inc. De esta manera, la firma auditora era la única que llevaba el control de los estados financieros de Reficar. Sin embargo, suscrito el acuerdo MOA se dio vía libre a que se realizaran pagos de facturas sin los requisitos pertinentes.
Los cotejos de la Fiscalía revelaron que los luego de los acuerdos suscitados entre las partes, Reyes Reynoso Yañez, quién fungía como representante legal de Reficar, y Felipe Laverde 'le habrían entregado la chequera de Reficar a CB&I para que la firma contratista usará indolentemente el patrimonio de los colombianos', dijo el fiscal.
Según el material probatorio, Reyes Reynoso habría autorizado el pago de facturas que previamente habían sido rechazadas por no presentar los requerimientos básicos a la hora de radicar el documento.
De esta manera, durante 2013, Reynoso Yañez y Massoud Deidehban dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en más de 600.000 millones de pesos a través de cuatro acuerdos que autorizaron pagos de facturas previamente rechazadas.
De acuerdo con la Fiscalía, Foster Wheeler y Process Consultant Inc, encargada de supervisar estos pagos, no realizó el control debido sobre el mismo, por lo que Massoud Deidehban, en su condición de contratista, venía presentando incumplimiento en la ejecución de las obras y en la presentación de los recursos públicos de Reficar saltándose el control y la verificación del pago.
Es así como para octubre de 2016 se habían pagado sin justificación la suma de 453.832 millones de pesos, este pago se habría cancelado bajo proformas no establecidas.
No obstante, los pagos realizados por Reficar en la modalidad MOA y PIP no han sido justificados con los reportes mínimos requeridos y la suma hoy en día ascienden a los 610.000 millones de pesos.
'Lo cobrado no es un gasto irresponsable, el bien o servicio prestado no tiene soporte, el bien o servicio no tiene relación con el contrato y sobre el bien y servicio se cobró dos veces', dijo el fiscal.
El funcionario de la Fiscalía aseguró que Reyes Reynoso no validó los gastos del proyecto bajo la suscripción de MOA y contrario a ello, autorizó el pago de facturas que habían sido rechazadas por el supervisor de ese entonces.
'Reyes Reynoso tenía el deber de vigilancia de los recursos públicos para la ejecución de este proyecto', aseguró el fiscal.
