En la segunda parte de la imputación por el caso Reficar, la Fiscalía puso de presente que a través de cuatro acuerdos suscritos entre Reficar y CB&I en 2014, Reyes Reinoso, expresidente de Reficar desde 2010, 'le entregó la chequera de Reficar a CB&I para que esta dispusiera indolentemente del patrimonio de los colombianos'.
Explicó este miércoles el fiscal 27 Anticorrupción, Julián Rendón, ante el Juzgado 16 de Garantías de Bogotá que no solo se benefició a CB&I por el contrato incumplido de 2007 y con los dos contratos a dedo y sin verificación de 2010, 'sino que también en la ejecucion del proyecto de la Refinería de Cartagena se llegó al extremo de autorizar el pago de gastos que autónoma y libérrimamente lleva a cabo CB&I sin previo control y auditoria'.
Agregó en este sentido el representante del ente investigador que 'el dolo de Reinoso y del exvicepresidente jurídico de Reficar, Felipe Laverde, llegó al extremo de autorizar el pago de facturas que previamente habían sido rechazadas, pagos que no tenían ninguna relación con el proyecto de la Refinería, también pagos suntuosos y no constituidos como costos reembolsables'.
Precisó que ello se dio debido a que, en 2013, Reyes y Massoud Deidehban, exrepresentante de CB&I, dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en favor de la contratista en más de 600 mil millones de pesos, a través de cuatro acuerdos que autorizaron el pago de las facturas anómalas.
'Los acuerdos fueron suscritos e implementados, los MOA (memorando de entendimiento) desde febrero de 2014, y los PIP (proyecto de facturación) desde octubre de 2014', generando 'pagos realizados por Reficar, que a la fecha muchos de ellos no han sido justificados y en otros casos es imposible su justificación', se lee en la imputación.
Finalmente, Rendón aseveró que, en medio de todo este mar de irregularidades, 'el bien o servicio cobrado nunca se prestó, no tiene soporte, no tiene relación con el objeto del contrato y finalmente sobre el bien o servicio se cobró dos veces', concluyendo que, por ejemplo, 'CB&I pagó a trabajadores que nunca entraron a la Refinería de Cartagena' y que 'se pagaron días de espá y bebidas alcohólicas para trabajadores de CB&I'.
Conversaciones previas
Señaló el funcionario investigador que hubo 'conversaciones y reuniones previas' entre los funcionarios de Reficar y Ecopetrol con los contratistas de CB&I para 'dividirse el trabajo delictual' de favorecimiento a la empresa estadounidense, en medio del cual se habría desfalcado al Estado colombiano en unos 17 billones de pesos.
'Entre Orlando Cabrales (expresidente de Reficar), Felipe Laverde (exvicepresidente jurídico de Reficar), Pedro Rosales (exvicepresidente ejecutivo de Ecopetrol), Phillip Kent Asherman y Massoud Deidehban (exrepresentantes de CB&I), existieron conversaciones y reuniones previas a las juntas directivas en donde se advierte un acuerdo para favorecer a CB%I', puso de presente el representante del ente acusador.
Agregó en este sentido Rendón que 'se dividieron el trabajo delictual'. Así, mientras 'a Asherman y Deidehban les tocaba manifestar su reticencia al contrato 'llave en mano' y elaboraban la carta de intención del 10 de noviembre de 2009 para ejecutar esa contratación en 'costos reembolsables', a Cabrales, Laverde y Rosales les tocaba presentar a la junta directiva las supuestas bondades que representaría contratar a CB&I'.
Y precisó que, además, 'Laverde estructuró los principios comerciales claves de esta contratación, la carta de intención y los dos contratos EPC del 15 de junio de 2010'; que 'Cabrales estuvo informado de la elaboración de estos documentos, al frente del proceso y de la suscripción de los contratos de 2010' y que 'Rosales acompañó, apoyó e incidió en decisiones de junta directiva para aprobar la contratación de CB&I por 'costos reembolsables''.
Concluyó el fiscal que 'sin el acuerdo con los funcionarios de Reficar y Ecopetrol, CB&I habría tenido que cumplir con sus obligaciones del contrato de 2007', que los obligaba, primero, a terminar la refinería de Cartagena en 2012 y, segundo, a contratar bajo la modalidad de ‘llave en mano’, precisamente, para evitar sobrecostos.
También comparecen en la diligencia el expresidente de Reficar, Reyes Reynoso y el exrevisor fiscal de Reficar, Carlos Lloreda.
Los delitos a imputar son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.
Mientras el fiscal Néstor Humberto Martínez tasa el peculado del caso en más de 610 mil millones de pesos, el pasado 13 de marzo, el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, anunció que la Contraloría General de la Nación abría un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares, es decir 17 billones de pesos.
Al respecto, el fiscal Martínez explicó en su momento que la cifra de la Contraloría de 17 billones a la de la Fiscalía de 610 mil millones distaba tanto porque 'el detrimento establecido en lo fiscal no tiene necesariamente origen en una conducta penal', además de que el ente acusador tiene la instrucción 'de que no se agote desde el punto de vista de daño patrimonial hasta la última de las facturas, porque en estas investigaciones exhaustivas termina ganando la prescripción, y establecer una cifra inicial para efectos penales da lo mismo que el total, sin perjuicio de que la Contraloría haga la recuperación de todo el daño patrimonial causado'.
