Durante el segundo día de imputación por el caso Reficar, el fiscal 27 Anticorrupción advirtió en el Juzgado 16 de Garantías de Bogotá que hubo 'conversaciones y reuniones previas' entre los funcionarios de Reficar y Ecopetrol con los contratistas de CB&I para 'dividirse el trabajo delictual' de favorecimiento a la empresa estadounidense, en medio del cual se habría desfalcado al Estado colombiano en unos 17 billones de pesos.
'Entre Orlando Cabrales (expresidente de Reficar), Felipe Laverde (exvicepresidente jurídico de Reficar), Pedro Rosales (exvicepresidente ejecutivo de Ecopetrol), Phillip Kent Asherman y Massoud Deidehban (exrepresentantes de CB&I), existieron conversaciones y reuniones previas a las juntas directivas en donde se advierte un acuerdo para favorecer a CB%I', puso de presente el representante del ente acusador.
Agregó en este sentido Rendón que 'se dividieron el trabajo delictual'. Así, mientras 'a Asherman y Deidehban les tocaba manifestar su reticencia al contrato 'llave en mano' y elaboraban la carta de intención del 10 de noviembre de 2009 para ejecutar esa contratación en 'costos reembolsables', a Cabrales, Laverde y Rosales les tocaba presentar a la junta directiva las supuestas bondades que representaría contratar a CB&I'.
Y precisó que, además, 'Laverde estructuró los principios comerciales claves de esta contratación, la carta de intención y los dos contratos EPC del 15 de junio de 2010'; que 'Cabrales estuvo informado de la elaboración de estos documentos, al frente del proceso y de la suscripción de los contratos de 2010' y que 'Rosales acompañó, apoyó e incidió en decisiones de junta directiva para aprobar la contratación de CB&I por 'costos reembolsables''.
Concluyó el fiscal que 'sin el acuerdo con los funcionarios de Reficar y Ecopetrol, CB&I habría tenido que cumplir con sus obligaciones del contrato de 2007', que los obligaba, primero, a terminar la refinería de Cartagena en 2012 y, segundo, a contratar bajo la modalidad de ‘llave en mano’, precisamente, para evitar sobrecostos.
También comparecen en la diligencia el expresidente de Reficar, Reyes Reynoso y el exrevisor fiscal de Reficar, Carlos Lloreda.
Los delitos a imputar son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.
Mientras el fiscal Néstor Humberto Martínez tasa el peculado del caso en más de 610 mil millones de pesos, el pasado 13 de marzo, el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, anunció que la Contraloría General de la Nación abría un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares, es decir 17 billones de pesos.
Al respecto, el fiscal Martínez explicó en su momento que la cifra de la Contraloría de 17 billones a la de la Fiscalía de 610 mil millones distaba tanto porque 'el detrimento establecido en lo fiscal no tiene necesariamente origen en una conducta penal', además de que el ente acusador tiene la instrucción 'de que no se agote desde el punto de vista de daño patrimonial hasta la última de las facturas, porque en estas investigaciones exhaustivas termina ganando la prescripción, y establecer una cifra inicial para efectos penales da lo mismo que el total, sin perjuicio de que la Contraloría haga la recuperación de todo el daño patrimonial causado'.
