La Sala Plena de la Corte Constitucional iniciará el estudio de una ponencia que pide avalar el Decreto Ley 896 de 2017, que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pero ampliando su rango de acción.
El decreto dice que los beneficiarios serán familias campesinas en situación de pobreza que subsisten con cultivos que se comprometen a la sustitución y que no hayan sembrado después del 10 de julio de 2016. No obstante, la ponencia considera que no hay ninguna justificación para poner esa fecha y propone ampliarla.
La ponencia del magistrado Alberto Rojas tumba esa fecha y propone que se amplíe hasta el 1o. de diciembre de 2016, día siguiente de la refrendación definitiva del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc.
'(…) Fijar una fecha adecuada y justificada que de seguridad y certeza a las partes que suscriben compromisos de sustitución de cultivos ilícitos y que garantice el derecho a la igualdad de todas las familias campesinas que suscriban los acuerdos de sustitución', dice el proyecto de fallo.
