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Los abogados de varios de los nueve detenidos por el atentado terrorista del pasado 17 de junio contra el Centro Comercial Andino, anunciaron que pedirán una veeduría internacional a la Comisión Interamericana de derechos Humanos.

En un extenso comunicado, los jusristas rechazan declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y del director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, sobre la supuesta responsabilidad de sus clientes, y les exigen una rectificación pública.

También rechazan las 'filtraciones' que han hecho las autoridades judiciales sobre piezas procesales que deben ser reservadas, los supuestos seguimientos a varias familias, y les piden a la Procuraduría General y a la Judicatura investigar ese tipo de actuaciones.

Durante la mañana del viernes 30 de junio, ocho de los sindicados fueron enviados a la cárcel la Modelo y el Buen Pastor, determinación que tomó la juez 47 de Control de Garantías, quien aseguró que hay material probatorio suficiente para acusarlos como presuntos responsables de los actos ocurridos el pasado 17 de junio en los que murieron tres personas y ocho más resultaron heridas.

De otro lado, durante la audiencia de imputación de cargos contra Iván Ramírez, alias ‘Talibán’, en el Complejo Judicial de Paloquemao, este no aceptó cargos por terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas.

La recaptura de alias ‘Talibán’ se produjo en el municipio de Sasaima (Cundinamarca), cuando retiraba dinero de un cajero automático. Ramírez ya había sido capturado junto con los otros ocho sindicados, quienes ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, sin embargo, alias ‘Talibán’ había sido dejado en libertad por errores de procedimiento judicial en su captura.

No obstante, la Fiscalía confirmó que tiene información según la cual alias ‘Talibán’ fue la persona que habría llevado el material explosivo al Centro Comercial Andino y seríauno de los integrantes del llamado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Por eso pidió la orden de recaptura que avaló un juez de Cocimiento. Colprensa