Al ser allegadas nuevas pruebas en el proceso, la jueza 47 de control de garantías de Bogotá ordenó la recaptura de Iván Ramírez -liberado el pasado jueves por no tener orden de captura, pues fue detenido en flagrancia-, al tiempo que avanzaba la imputación contra los otros ocho aprehendidos por la bomba del 17 de junio en el centro comercial Andino, que dejó tres mujeres fallecidas y ocho personas más heridas.
La Policía aportó elementos que habrían sido hallados en la vivienda de Ramírez, al sur de la capital, tales como una especie de bitácora donde supuestamente coordinaba labores de inteligencia en el centro comercial.
Durante la judicialización, que seguía este martes contra los presuntos integrantes del Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, ninguno de los detenidos aceptó los cargos imputados, y la audiencia fue suspendida para continuar este miércoles.
De otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura anunció una investigación en contra de la jueza que dejó libre a Ramírez.
Así lo anunció el presidente de la Sala Disciplinaria, magistrado Pedro Sanabria. 'Todo el mundo sabe que un explosivo es un problema terrible para la sociedad y más en estas épocas de mucho terrorismo, eso es lo que vamos a investigar y encontramos que la conducta es bastante grave por parte del juez y tomaremos las decisiones pertinentes', dijo.
El pasado sábado, el fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que dos de los capturados por supuestamente participar en la explosión en Andino ya habían sido detenidos y dejados en libertad en ocasiones anteriores.
'En este caso específico, el pasado 16 de marzo dos de las personas capturadas fueron detenidas con explosivos en sus manos y mapas que acreditaría que estaban haciendo una actividad terrorista en la Ciudadela Colsubsidio de Bogotá. Fueron capturados, les imputamos terrorismo y porte de explosivos y a juicio del juez no se configuraba la imputación de terrorismo, porque aún la bomba no había sido puesta', dijo en su momento.
La audiencia de imputación de cargos cumplida este martes en el Complejo Judicial de Paloquemao avanzó a puerta cerrada. De acuerdo con la Juez 47 de Control de Garantías, esta determinación se dio luego de evaluar la situación y acordar que por motivo de seguridad nacional y de las partes se llevará a cabo de esa manera.
El proceso judicial inició desde el sábado, día en que fueron capturados los presuntos responsables, durante el domingo se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura y el lunes se adelantó la imputación de cargos.
Según ha trascendido, tres de las mujeres capturadas son egresadas de la Universidad Nacional de Colombia y tienen por profesión Abogadas y Artista Plástica.
Familiares y amigos de las jóvenes claman justicia, pues aseguran que su detención se trata de 'falsos positivos judiciales'.
Una de las capturadas es Alejandra Méndez, Abogada de 27 años, y según sus allegados se ha destacado por su rendimiento académico y su experiencia en temas de justicia comunitaria y derechos humanos.
Actualmente se desempeña como Abogada del equipo jurídico coordinador del proyecto Doña Juana, allí se resuelven las solicitudes de reparación de los damnificados por el derrumbe del relleno sanitario.
De igual manera, se ha destacado por su trabajo investigativo y su labor de voluntariado en distintas comunidades que incluyen procesos de alfabetización con adultos mayores hasta apoyo pedagógico y jurídico.
Otra de las capturadas responde al nombre de Lizeth Rodríguez Zarate, también de profesión Abogada, según versiones de amigos y familiares la joven es contratista de la misma universidad de donde fue egresada, la mujer se desempeña en proyectos de investigación en la Escuela de Justicia Comunitaria y en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Y la tercera mujer capturada obedece a Lina Vanessa Jiménez, de 28 años, que tiene por profesión artista plástica.
