La fiscal 92 Anticorrupción de Bogotá pidió este miércoles a la jueza 40 de control de garantías de la capital dictar medida de aseguramiento intramural contra el alto consejero para las regiones, Carlos Correa, y el alcalde de Montería, Marcos Pineda, en medio del proceso que se les sigue por presuntos retrasos y sobrecostos en las obras de mejoramiento del Coliseo Miguel 'Happy' Lora.
Ninguno de los dos altos funcionarios se allanó a los cinco cargos imputados por el ente acusador: peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
Tras más de siete hora de audiencia, la jueza citó para este jueves, desde las 8 de la mañana, la sustentación de la defensa de los cordobeses, encabezada por Andrés Garzón e Iván Cancino, quienes intentarán refutar la petición formulada por la Fiscalía.
Entre tanto, durante la diligencia de este miércoles, nuevamente por petición de la fiscal, la jueza decretó como reservada la audiencia.
En la legalización de la captura, efectuada el pasado sábado, la prensa y el público fueron expulsados de la diligencia, bajo el argumento, según fuentes de la defensa, del 'alto impacto social de la captura'.
Cómo lo recordó este diario en ese momento, esta argumentación no está estipulada en el Artículo 18 de la Ley 906 de 2004, o Sistema Penal Acusatorio, que reza: 'La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación'.
De hecho, este medio, en su editorial del pasado domingo, se refirió al llamativo hecho: 'A menos que la fiscal y la juez expliquen con claridad los fundamentos de su decisión, el argumento esgrimido del 'impacto social' deja en el aire la sensación de que estamos ante un acto de arbitrariedad con el propósito de alejar a los periodistas de un caso que merece la mayor atención informativa'.
Y agrega el editorial de este periódico al respecto: 'No es la primera vez que algo así ocurre. Con más frecuencia de la deseable, fiscales y jueces deciden, invocando los razonamientos más variopintos, cerrar a la prensa las puertas de procedimientos judiciales. Y, en la inmensa mayoría de los casos, se trata de asuntos en que están involucrados personalidades con influencia política o económica'.
Ahora, este miércoles, la fiscal argumentó para solicitar la reserva de la audiencia un asunto de 'seguridad para las partes', ese sí estipulado como causal para cerrar las puertas de una audiencia judicial pública.
Los hechos por los que señalan a los altos funcionarios, de acuerdo al comunicado de la Fiscalía, corresponden a 'posibles anomalías y sobrecostos' tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado uno entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, y del 25 de junio de 2012, suscrito este otro entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del Coliseo Miguel 'Happy' Lora en la capital cordobesa, por un valor de 12.500 millones de pesos.
Precisó el ente de control penal que el Coliseo debía culminar en noviembre de 2012, pero fue entregado hace unas cuantas semanas 'con variaciones sustanciales en las obras concluidas frente a las inicialmente contratadas'.
También fueron detenidos, junto con Correa y Pineda, Pascual Guerrero Arana, director ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social y Samuel Eduardo Mora, funcionario de la interventoría Ffograf, quiénes quedaron en libertad por vencimiento de términos, al superarse las 36 horas como límite de tiempo para la legalización de las capturas.
