La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes inició las audiencias de indagación preliminar que se abrió en contra del presidente Juan Manuel Santos, por el supuesto ingreso de un millón de dólares de Odebrecht a la campaña en 2014.
Estaba citado el exsenador Otto Bula, quien ya ha declarado al respecto en el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía, pero no asistió.
Sin embargo, no era el único citado. A las 2:00 de la tarde, la Comisión esperaba la asistencia del exgerente de la campaña del mandatario, Roberto Prieto, para escuchar su versión sobre los hechos. Prieto tampoco fue, pero envió una carta pidiendo que le reprogramen la citación.
'En atención a su comunicación de mayo 11 del presente año, mediante la cual se solicita ser escuchado en diligencia de declaración juramentada, dando cumplimiento a lo ordenado por el honorable representante Nicolás Daniel Guerrero Montaño, (…). Muy respetuosamente solicito la reprogramación de la diligencia, en razón a que estoy en el proceso de atender las instancias de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral', se leía en la comunicación.
Este proceso que abrió la Comisión, se adelanta por la denuncia del representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien la interpuso el pasado 10 de febrero. El proceso de indagación lo lleva a cabo Nicolás Guerrero, el representante investigador, del Partido de la U, del caso.
Niegan medida de seguridad
El juzgado 69 de Garantías decidió este martes no imponer una nueva medida de aseguramiento en contra del exsenador Otto Bula, luego que le fueran imputados cargos por entregar dádivas al fiscal Rodrigo Aldana a cambio que le ayudara a recuperar unas haciendas en Córdoba.
El despacho judicial señaló que no era necesario imponer la medida, pues Bula ya fue objeto de una medida de aseguramiento en el proceso que se le adelanta por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht y hacer lobby para la adición de la Ruta del Sol II para la vía Ocaña-Gamarra.
La juez cuestionó que la Fiscalía General argumentara la necesidad de asegurar a Bula porque es posible que quede libre por vencimiento de términos.
'(…) Pero no fue ese contexto que la Fiscalía hizo gravitar su principal argumento sino uno que resulta insólita: la probable excarcelación del imputado ante la figura de vencimiento de términos. Pero esa no es una razón admisible para imponer otra medida cautelar (…) ¿Como una circunstancia que le es ajena al imputado, que no proviene de su comportamiento, como lo sería un hipotético paro judicial, puede llegar a perjudicarlo?', aseguró la Juez.
