Una dura polémica ha desatado el proyecto de tierras del Gobierno que haría tránsito en los próximos días en el Congreso, liderado por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y que incluye asuntos espinosos como la expropiación de tierras, la extinción de dominio y los baldíos.
La iniciativa, que tiene por objeto el ordenamiento social de la propiedad y las tierras rurales, hace parte de la implementación de la Reforma Rural, construida entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Por ahora, el Ejecutivo ha dicho que el punto de la expropiación no iría, por los reparos que han hecho analistas y terratenientes frente al riesgo que este tema representa al concederle a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, esta facultad.
Así mismo, sobre la potestad que también adquiriría la ANT para extinguir el dominio de predios inexplotados, el Gobierno ha dicho que tampoco va.
De otro lado, la izquierda y las organizaciones sociales han criticado el hecho de que los baldíos se entregarían a personas que no serían sujetos de reforma agraria, es decir, que no son ni vulnerables ni están en condiciones de pobreza.
