Al resolver los recursos de apelación, el Consejo Superior de la Judicatura confirmó mediante dos resoluciones la decisión adoptada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, considerando que la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS no tenía la autorización del Ministerio de Educación Nacional para desarrollar el programa de derecho en la mencionada penitenciaría.
Los internos habían solicitado la inscripción como abogados y la expedición de la tarjeta profesional argumentando que tanto la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, informaron en el 2011 sobre un convenio interinstitucional que suscribieron para estudios superiores de quienes se encontraban detenidos en el pabellón de Justicia y Paz de La Picota y por eso adelantaron la capacitación durante cinco años y cumplieron con los demás trámites exigidos por la Ley para obtener el título de abogado.
La Judicatura enfatizó que para ser abogado el título debe ser reconocido por el Estado y en estos casos el Ministerio de Educación no otorgó el registro calificado respectivo, indicando que ni al Consejo Superior de la Judicatura ni a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia les resulta viable realizar la inscripción como abogado y expedir la tarjeta profesional.
'El Consejo Superior de la Judicatura advierte que la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS tenía conocimiento de la no aprobación para ofrecer el programa de derecho en las cárceles, especialmente en La Picota de Bogotá y a pesar de ello mantuvo el convenio interinstitucional Nº 074 de 2011 con el INPEC y finalizó el programa en el año 2016', puntualizó la decisión.
