La Corte Constitucional ordenó a las autoridades proteger a las ciudadanas venezolanas que ejercen la prostitución en el país e incluso facilitarles la consecución de los documentos que permitan hacer su trabajo sin que sean vulnerados sus derechos.
Así lo informó ayer el alto tribunal al resolver una tutela, que además ordenó reabrir un negocio en Chinácota, Norte de Santander, que había sido cerrado en 2014 por funcionar en un lugar no permitido.
La dueña alegó que la decisión de las autoridades municipales de cerrar el establecimiento, donde además de vender refrescos y cervezas, se ofrecían servicios sexuales, vulneraba el derecho de ella y de sus colaboradoras, entre ellas cuatro ciudadanas venezolanas, al trabajo y al debido proceso e igualdad.
'En caso de encontrar extranjeros realizando estos trabajos, sin la debida documentación, deberán iniciar y acompañar los trámites para expedir los respectivos permisos que les permitan continuar laborando dignamente, siempre y cuando estén de acuerdo y consientan en continuar realizando esta actividad, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia', dice la Corte.
