La Procuraduría le tiene la lupa puesta al exsenador cordobés Otto Bula no solo por los asuntos de corrupción con Odebrecht sino también por el posible despojo de 1.800 hectáreas de tierra en los Montes de María, en medio de argucias jurídicas elaboradas en mancuerna con una red de servidores públicos y particulares que se aprovechaban del estado de vulnerabilidad de los campesinos víctimas de la violencia de esta flagelada región.
En San Jacinto
En el estudio, realizado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, figura inicialmente el caso del predio 'Barcelona', en San Jacinto, Bolívar, donde Bula 'puede estar involucrado en el despojo de al menos 500 hectáreas que en su momento fueron entregadas a campesinos beneficiarios de programas de reforma agraria por el Incora'.
Según el Ministerio Público, el segundo en el renglón al Senado del condenado parapolítico liberal, Mario Uribe -primo del expresidente y también senador Álvaro Uribe-, se hizo a la propiedad de esos predios 'aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la población de San Jacinto: al parecer se valía del miedo de la gente y en muchos casos de condiciones sociales como el analfabetismo, haciendo contratos de promesa y compraventa que serían ilegales porque podrían violar el régimen jurídico de protección de los bienes de las personas desplazadas o en riesgo'.
Advierte en este sentido el ente que en algunos de los folios de matrícula de los predios 'hay irregularidades en la inscripción de las medidas de protección; en otros las autorizaciones de venta del Comité Municipal fueron posteriores a la venta misma, las notificaciones de esas autorizaciones no aparecen firmadas por los propietarios, tienen defectos en los nombres, no tienen constancia de ejecutoria, no están motivadas o las escrituras fueron firmadas a ruego, siempre por las mismas personas'.
Pone de presente en este aparte la Procuraduría que la declaración de una área como zona de inminente desplazamiento forzado, o como zona en que la violencia ya produjo el desplazamiento, y la inscripción de la medida cautelar que advierte al registrador que no puede inscribir ningún acto traslaticio de derechos en los folios de los predios identificados, son medidas para garantizar la seguridad de los bienes de las víctimas de desplazamiento forzado y evitar que otros se aprovechen de su condición de vulnerabilidad.
Por ello, sentencia el delegado de la pesquisa que 'la manipulación del procedimiento que termina en la autorización de venta del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada, es igualmente grave, pues al adquirir irregularmente una autorización de estas se trastoca la cadena de garantías y se dejan desprotegidos los bienes de las víctimas del conflicto'.
Red de funcionarios
El ente de control disciplinario encuentra en medio de la averiguación que 'pudo haber una red de funcionarios, servidores públicos y particulares que se prestaron, cada uno desde su posición, para que estas dinámicas fueran posibles'.
Ante esto, indica el delegado, corresponde a las autoridades competentes desentrañar el papel que jugaron esas personas y definir si las conductas de Bula constituyen despojo.
Sin embargo, llama la atención sobre que 'en efecto, el exnotario único de San Jacinto y la exregistradora de Carmen de Bolívar fueron sancionados disciplinariamente por conductas relacionadas con el despojo. Adicionalmente, algunos funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y los funcionarios que eran, para ese momento, miembros del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia de San Jacinto, pudieron haber cometido delitos con el fin torcer el cuello al derecho'.
Las víctimas señalan a Bula
Hace ver la Procuraduría que durante el proceso y en los medios de comunicación, las mismas víctimas del despojo 'han señalado al señor Otto Bula como la persona que determinó el despojo que denuncian y que motiva sus solicitudes de restitución de los predios'.
Es el caso, por ejemplo, del predio 'Cuba', situado también en San Jacinto y que cuenta con cerca de 1.010 hectáreas.
Los campesinos, reitera el documento de la pesquisa, 'identifican que el predio 'Cuba' hace parte de las 8.000 o 9.000 hectáreas acumuladas por el exsenador'.
Identifica además el Ministerio Público la posibilidad de que 'las dinámicas identificadas en el predio 'Barcelona', que podrían constituir un despojo masivo, coincidan con las que motivan las solicitudes de los campesinos reclamantes del predio 'Cuba''.
Debido a lo anterior, insta el ente de control a la Fiscalía a que 'intensifique esfuerzos' para aclarar la relación de la Agropecuaria La Cuba y Bula, con el fin de 'resolver la pregunta acerca de la aparente participación de Otto Bula en el diseño y gestión de dinámicas similares de despojo masivo en distintas zonas del país'.
En Ovejas
Parecidos modus operandi habrían rodeado los despojos en las parcelas 'Puerto Rico', 'La Florida' y 'Oso Negro', esta vez en Ovejas, Sucre, donde a partir de la información entregada por la Unidad de Restitución de Tierras, 'la Procuraduría ha podido identificar algunas particularidades sobre la transacción de predios en municipios del departamento de Sucre, en las que participó la empresa Agropecuaria Montes de María' y que pudieron dar lugar a un despojo masivo de unas 300 hectáreas de tres parcelas distintas'.
De hecho, advierte el organismo de control disciplinario, la Agropecuaria Montes de María, 'empresa posiblemente relacionada con Otto Bula', ha sido identificada en otros procesos de restitución en distintos municipios como San Jacinto y Turbo, Antioquia, en donde se investigan denuncias y reclamaciones de restitución por despojo masivo de tierras.
A raíz de esto, el delegado alertó a la Fiscalía para que esclarezca rápidamente 'la relación del señor Bula con esa empresa, y pueda resolverse de fondo la duda sobre las situaciones que dieron lugar al desplazamiento y despojo de tierras en el municipio de Ovejas'.
