A partir de este miércoles la Procuraduría General de la Nación se hizo sentir en el escándalo de los sobornos y tráfico de influencias de Odebrecht. El Ministerio Público puso en marcha indagaciones preliminares con el fin de identificar las posibles conductas y presuntos responsables.
Dos de las principales pesquisas tienen que ver con el contrato Ruta del Sol II y el préstamo del Banco Agrario a Navelena, donde la multinacional tiene participaciones mayoritarias.
En el primer caso, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene las medidas necesarias para garantizar que esta obra no quede paralizada, tal como ocurrió en el pasado con proyectos afectados por hechos de corrupción como la Fase III de Transmilenio.
Según documentos conocidos por El HERALDO, la Procuraduría General de la Nación radicó una acción popular ante el Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 24 de enero, en la que pide al Gobierno –ya sea a través de a ANI u otra entidad– que haga la 'toma del control del contrato' de la Ruta del Sol II, para que su ejecución no se paralice.
Por ello plantea, entre otras medidas cautelares, 'la cesión transitoria del contrato en tanto se adelanta un nuevo proceso de selección objetivo del contrato y se surte su adjudicación', así como 'la toma de posesión de obras, muebles, inmuebles o infraestructura afectos al proyecto'.
También pide 'la celebración de nuevos contratos (…) con el propósito de garantizar la realización del proyecto' y 'hacer efectivas las garantías' de la obra.
Con esta solicitud la Procuraduría empieza a concretar objetivos que se trazó el miércoles, en lo ateniente a la restitución inmediata de los 11,1 millones de dólares de los sobornos que pagó Odebrecht en el país y que la firma brasileña responda por el daño patrimonial, incluyendo la posibilidad de embargar sus activos.
Y es que ese mismo día, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se hizo sentir en este escándalo de los sobornos y tráfico, en el que puso en marcha indagaciones preliminares con el fin de identificar a presuntos responsables de conductas irregulares.
¿Y la APP del río?
La Procuraduría había anunciado la indagación preliminar al presidente de la ANI y director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, y a otros seis funcionarios por el préstamo de 120.000 millones de pesos del Banco Agrario a Navelena, del que hace parte Odebrecht.
Dicho empréstito, enmarcado en las obras de la Asociación Público Privado (APP) del río Magdalena, se otorgó y desembolsó pese a que la constructora brasileña tenía problemas judiciales y estaba en causal de disolución.
Por ello, el Ministerio Público ordenó algunas inspecciones e indagar a los miembros de toda la junta directiva de la época en la entidad financiera y que intervinieron en este proceso.
Aun así, no hay pronunciamiento alguno frente al contrato como tal y su ejecución, pues los hallazgos –por ahora– se circunscriben a la otorgación del crédito.
Eso no quiere decir que la Procuraduría haya dejado de investigar el tema. De hecho, según supo este medio, lo analiza con lupa y, si hay indicios de actuaciones ilegales, vendrán más decisiones.
Sin embargo, las presiones para que Odebrecht deje Navelena más temprano que tarde provienen de otro frente: el político.
El vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió ya que 'el 25 de febrero la brasilera deberá salir de las obras o se caducará. O sale y continúa el proyecto o no sale y se caduca'.
Robledo denuncia
El senador Jorge Robledo radicó ante la Contraloría General una denuncia fiscal contra los ministros Aurelio Iragorri y Mauricio Cárdenas, y Juan Luis Hernández, delegado del presidente Santos, 'todos miembros de la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia', 'a quienes se les exige un actuar prudente'. Robledo, señaló que 'llama la atención que el Banagrario desembolsara $120.000 millones a una sociedad sin solvencia moral ni financiera'.
