Este sábado 10 de diciembre se vence el plazo del Estado para indemnizar a las familias de las víctimas de la toma al Palacio de Justicia en 1985, luego del fallo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014 en la que acusa al Gobierno colombiano de ser culpable de la desaparición de 11 personas.
A pesar de ello, las familias de las víctimas de la toma del 85 muestran su preocupación por la interpretación que la Nación hace de la determinación de la CIDH.
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Según la CIDH, la indemnización corresponde a US$100 mil a favor de las víctimas, a esto había que sumarle US$40 mil a favor de los hermanos y US$80 mil para las madres, padres, hijos y cónyuges de los desaparecidos.
Lo que no especifica el fallo de la Corte, es la distribución que debe hacerse de estos recursos, ni la forma en la que se deben entregar. Por tanto, la Nación ha tomado la determinación de cancelar las cifras divididas entre las víctimas, lo que para ellas es visto con indignación por las sumas que corresponden a cada una.
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Según algunos juristas, consultados por El Espectador, esto podría ser resultado de una mala redacción en el fallo de la Corte Interamericana, por lo que nunca ha habido una suma tan baja de indemnización en una condena al Estado. Según cálculos, algunos familiares podrían recibir hasta cuatro salarios mínimos, cuando se acostumbra a que por lo menos sean 30 salarios mínimos con los que se indemnice una víctima.
